Hay suficientes motivos, en este fin del 2023, para la frustración y la desesperanza. En el transcurso de este año el Paraguay ha aparecido en los más nefastos ránkings. Para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Paraguay ocupa el cuarto lugar, a nivel mundial, en crimen organizado, y Transparencia Internacional ubica al nuestro como el segundo país más corrupto de la región.
En las últimas semanas, la población ha sido mudo testigo de las imposturas e incoherencias de su clase política. Por un lado, hablan de reformas del Estado, pero al mismo tiempo sabemos que ejercen compulsivamente el nepotismo, ofreciendo empleos en instituciones públicas a sus parientes y con millonarios salarios cuando tenemos un presupuesto desfinanciado y un amplio porcentaje de la población sin empleo ni salarios dignos.
Ningún argumento puede justificar este despropósito y la desvergüenza de nuestras autoridades, pues, como sabemos, los privilegios que gozan las esposas y los hijos de parlamentarios se costean con los impuestos que paga con esfuerzo el pueblo paraguayo. Y, como en una realidad paralela, nuestros gobernantes ignoran la desesperanza de millones de jóvenes que no ven muy claro su futuro en nuestro país.
Hay mucho por cambiar, pero lo más urgente es, sin duda, la corrupción que además viene muy de la mano con la impunidad. De hecho, las más grandes lacras que actualmente sufrimos, el embate del narco y el crimen organizado se han infiltrado en las instituciones precisamente por la corrupción y la impunidad. Muy cerca se posiciona como factor decisivo nuestra justicia que no es justa ni independiente, que deja libres a significativamente corruptos, permite chicanas a aquellos servidores públicos que se han aprovechado de los recursos que debieran ser para la población y, sin embargo, juzga con severidad a quien carece de recursos o contactos políticos.
Un aspecto que se hizo evidente en las últimas semanas de este 2023 es la falta de confianza de la población en la clase política. Esto surgió cuando se “debatió” en el Congreso la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones cuando la gente pidió masivamente que no se toquen los fondos jubilatorios. Incluso, la iglesia se posicionó al respecto, pero los políticos con sus mayorías autoritarias hicieron oídos sordos del reclamo que les decía: No confiamos en ustedes. Por eso, recuperar la credibilidad debería ser una prioridad para las autoridades de los tres poderes, puesto que no podremos vivir en democracia mientras se gobierne de espaldas al pueblo.
La población no reclama lujos, lo único que pide son servicios públicos eficientes, como un buen sistema de transporte público, salud y educación para todos por igual y de buena calidad, pide vivir en una sociedad en la que todos puedan desenvolverse con total seguridad y sin la necesidad de vivir encerrados como única protección ante la delincuencia.
El país que queremos y que creemos posible es uno en el que toda la población accede a una educación de calidad sin importar si es una institución pública o una privada; donde ya nadie padezca por falta de una cama en terapia intensiva; donde no haya comunidades como las del Chaco que sufren por la falta de agua y de caminos; donde la gente vive segura, disfruta de espacios públicos en familia con espacios verdes, libres y gratuitos; donde cada joven tenga acceso a empleos que potencien sus talentos y reciban salarios dignos. El país donde la gente vuelva a sentir esperanza y no vergüenza de sus políticos es posible y este 2024 tenemos el desafío de construirlo. Un país más justo, con igualdad y democracia, es posible.