La reciente manifestación de los docentes de instituciones privadas en el centro de Asunción ha tenido dos explicaciones: (1) protestaron para exigir la jubilación y (2) protestaron porque el Gobierno los defrauda. La segunda está más cerca de la verdad. En efecto, hace tres años y nueve meses que se les descuenta del sueldo un porcentaje para una jubilación que no se les da. La explicación es que el Gobierno no tiene el dinero necesario para cumplir la ley.
La ley es la 4370/11, que concede la jubilación a los docentes de las instituciones privadas que tengan 60 años cumplidos y 25 años de enseñanza. A partir de agosto de 2011, el IPS comenzó a recibir el 25,5% de los salarios de los docentes (9% como descuento al empleado y 16,5% como aporte del empleador). Antes de la Ley 4370/11, los docentes aportaban al IPS el 5,5% de sus sueldos, y las instituciones privadas, el 2,5% adicional. En total, el aporte al IPS llegaba al 8%, para el seguro obligatorio de salud.
Superado un inconveniente, la Ley 4370/11 fue bien recibida. El inconveniente era: ¿qué pasaba con las personas mayores, y que no podrían aportar durante 25 años? La solución fue la promesa del Gobierno: aportar el monto necesario para compensar los aportes no efectuados durante años. Según estimaciones, en 2011 había 127 docentes en esa situación.
El problema llegó a la hora de cumplir la promesa. Algunas de esas 127 personas comenzaron los trámites y probaron que tenían derecho a jubilarse. Sin embargo, llegado el momento del cobro les aplicaron el consabido eju lunes, que en un primer momento no les alarmó, ¿cuándo paga a tiempo el Estado paraguayo? Se tranquilizaron pensando que debían tener paciencia y reclamar el pago una y otra vez. Pero, como dice el poeta, “pasó un día y otro día / un mes y otro mes pasó / y un año pasado había” sin que viesen el dinero. Sé de una señora muerta hace unos meses sin haberse jubilado, aun teniendo derecho.
Al cabo de muchas dilaciones, se les dijo a los reclamantes que no podían jubilarse porque no había dinero. Ya no lo decía solo el funcionario de la ventanilla de pagos, sino también funcionarios superiores. Por su parte, el Ejecutivo no incluyó en el presupuesto nacional el dinero para los aportes adicionales que permitieran la jubilación. No hay plata porque no se la tiene, o porque no se la quiere dar, que viene a ser lo mismo. Lo grave es que se ignore la ley en forma tan abierta, y que se les quite a los docentes y a las instituciones de enseñanza privadas, cada mes, una considerable cantidad de dinero que incide en el monto de las cuotas de esas instituciones. Así el perjuicio viene a ser para los colegios, los enseñantes y los padres de los alumnos.
Viendo cómo se derrocha dinero en la “nueva matriz salarial”, es dudoso que falte para cumplir la Ley 4370/11. Suponiendo que falte, ¿por qué sigue el abuso de los descuentos mensuales para una jubilación imposible? Lo menos que se debe hacer es dejar ese importe en manos de sus legítimos propietarios, y devolverles lo quitado hasta el momento.
