Opinión

Por qué no son justos los aumentos

Luis Bareiro – @luisbareiro

Los funcionarios públicos no mienten cuando afirman que hace ocho años no tienen aumento salarial, ni cuando dicen que por esa razón consideran de estricta justicia que se les otorgue un ajuste. El problema es que quienes trabajan para el Estado desconocen la realidad del mercado laboral y cuánto le cuesta al contribuyente pagar esos incrementos. Vale la pena repasar algunos números para entender por qué conceder un aumento en un momento de crisis económica como este no solo es financieramente imposible, sino que además es injusto.

Luego del descalabro económico de comienzos del 2000, con la crisis política del Marzo Paraguayo y la reciente quiebra masiva de bancos, el país empezó un duro proceso de recuperación a partir de 2004. Con un tremendo esfuerzo, el Estado logró generar ahorros cada año recaudando más de lo que gastaba (es lo que se conoce como superávit fiscal). Fue ese ahorro lo que permitió estabilizar la economía.

Lamentablemente, todo el esfuerzo se perdió en un solo año, el 2012, cuando la clase política sacó a relucir toda su miseria derrochando ese dinero en un aumento general de los salarios públicos de hasta el 35%. Ese festival nos insume unos 800 millones de dólares más de gastos por año, lo que significa que nos ha costado a la fecha más de 5.600 millones de dólares.

La consecuencia es que, desde el 2012, el Estado pasó a ser deficitario. El año pasado, casi ocho de cada diez guaraníes que pagamos de impuestos se destinaron a pagar salarios. Para realizar cualquier inversión en obras de infraestructura, compra de medicamentos e incluso para pagar deudas viejas, al Fisco no le queda otra que endeudarse (a eso le llamamos déficit fiscal).

Pero vayamos a los beneficiarios del gran ajuste y ubiquémoslos en el contexto de la realidad laboral. En Paraguay trabajan aproximadamente 3.400.000 personas. Solo el 10% son funcionarios públicos; el 90% restante trabaja en el sector privado.

De todos los trabajadores, solo la mitad tiene un salario fijo (49%). Los que dependen de la venta del día a día (los cuentapropistas) son tres veces más que los funcionarios públicos (30%). Ellos mantienen prácticamente el mismo promedio de ingresos desde antes del 2012. Jamás tuvieron aumentos porque sus ingresos dependen de la realidad de la economía, no de las decisiones interesadas de los políticos. De nada les sirve cerrar rutas o hacer huelgas. Tampoco tienen seguro médico ni jubilación. Los otros son trabajadores domésticos (8%), patrones (6%) y familiares sin remuneración.

Tomemos ahora solo a quienes tienen un salario fijo. El 40% de los asalariados trabajan en el sector privado (la gran mayoría en microempresas) y el 10% en el Estado. Como dije, los funcionarios recibieron en el 2012 un aumento promedio del 35%. Desde entonces a la fecha, sin embargo, el salario mínimo legal del trabajador se ajustó solo 28,9%, y la inflación acumulada fue del 29%.

La consecuencia es que hoy el ingreso promedio de un funcionario público es de 4,2 millones de guaraníes, el doble del ingreso promedio de un asalariado privado que es de 2,4 millones (y ojo que no estoy incluyendo a esa otra mitad que ni siquiera tiene sueldo fijo).

No existe pues un solo argumento económico que justifique nuevos aumentos generalizados para esa minoría que absorbe casi la totalidad de los impuestos. Todos deberíamos poder ganar más, por supuesto, pero el Estado se construye sobre la realidad de la economía, no de espaldas a ella. Como ocurre con el trabajador privado, el Estado debe garantizar un ingreso mínimo legal; luego cualquier aumento debe darse de acuerdo con los resultados del trabajo de cada funcionario, y según las posibilidades del contratante, no de manera generalizada e igualitaria, lo que solo supone castigar al eficiente, premiar al mediocre y golpear al Fisco.

Si el Congreso incluye la nueva ola de pedidos de aumentos, el Estado tendrá como única función tomar el dinero del grueso de los trabajadores (90%) para pagar los salarios del 10% restante. No habrá contraprestación posible. Dejará de ser un Estado para asumirse desembozadamente como una organización mafiosa montada exclusivamente para contentar a la clientela política que con sus votos mantiene a la misma claque corrupta en el poder.

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