Cifras. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, casi 8 de cada 10 mujeres pasaron por algún tipo de violencia, donde la sexual tiene mayor prevalencia. En paralelo, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones, realizó una encuesta cuyos resultados muestran que 6 de cada 10 mujeres que se desempeñan en el área sufrieron acoso en algún momento de su carrera profesional, mientras que 3 de ellas tal vez pasaron por esta situación. El 68% respondió que los agresores eran jefes directos o indirectos, el 46% dijo que eran compañeros, en tanto que el 27% de los acosadores eran fuentes periodísticas, lo que demuestra que el delito no solo se ejerce de forma jerárquica, es decir, de un jefe a una subordinada, en los espacios de trabajo como todavía lo contempla la legislación paraguaya, sino además se da en la medida en que el hombre sienta que la impunidad lo protege por las relaciones de género que lo ubican en una posición dominante.
El 88% de los casos no fueron denunciados porque cuando ocurrieron los hechos, las víctimas no estaban seguras de si se trataba de un acoso sexual, porque tenían miedo a quedar expuestas y ser estigmatizadas y por miedo a sufrir persecuciones por parte los jefes.
Todas estas situaciones representan muros gigantescos para el desarrollo profesional e integral de las mujeres, quienes además siguen teniendo sobrecargas, teniendo en cuenta las tareas domésticas y de cuidado, que aún recaen en mayor medida sobre la población femenina.
El Convenio 190 de la OIT que fue adoptado en el 2019 es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso. Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador son algunos de los más de 20 países que ya lo ratificaron y, como se puede observar, falta Paraguay.
Es un instrumento por el cual los gobiernos se comprometen a poner en marcha leyes y medidas políticas para prevenir y abordar todas las situaciones mencionadas con el objetivo de configurar un futuro del trabajo basado en la dignidad y respeto para todos y todas. En ese sentido, se perfila como una de las tareas para el 2023, tanto para las autoridades del Gobierno como para las organizaciones para reclamar su ratificación, aunque es temporada de elecciones, todo dependerá finalmente de la voluntad política.
Es imperativo contar con una herramienta de esta magnitud para acompañar a las normativas nacionales, como la Ley N° 5777 de Protección Integral a las Mujeres y la Resolución N° 388 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que creó una oficial especial para atender las denuncias de violencia, pero que además obliga a las empresas a adoptar en sus reglamentos internos un procedimiento para las denuncias, incluyendo la violencia sexual.
El caso de acoso y coacción sexual en Canal 9 justamente demostró que no se están aplicando estas herramientas. Por inoperancia institucional o falta de voluntad, más trabajadoras que se solidarizaron con las víctimas fueron perjudicadas con hostigamientos y despidos durante una investigación abierta, donde el Estado debía garantizar la protección de todas las trabajadoras.
