La abogada defensora del imputado, Raquel Talavera, solicitó que no se le aplicaran medidas cautelares, debido a que, como cumple una condena de 5 años en prisión por lavado de dinero, no existe el peligro de fuga o de obstrucción de las pesquisas. Además, considera que tampoco hay un hecho punible.
En el caso, la Senabico había denunciado que Fernando González Karjallo firmó un contrato de alquiler con Katherine Lorena Rodríguez sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Luque. Sin embargo, la vivienda había sido objeto de comiso y tenía prohibición de innovar desde el 22 de mayo del 2023.
Según la imputación del fiscal Aldo Cantero, supuestamente González Karjallo asumió una función pública que la correspondería a la Senabico y se apropió del producto de la renta del inmueble que debería ingresar al Tesoro Público.
La imputación fiscal había sido devuelta por el juez Florentín, en principio, porque entendió que no se describía ningún hecho punible en su relato de los hechos.
No obstante, el fiscal adjunto Augusto Salas, el 26 de diciembre del año pasado, se ratificó de la imputación, con lo que el juez no tuvo otra opción que admitir el caso y citar a la audiencia de imposición de medidas.
DEFENSA. González Karjallo dijo al juez que es de profesión administrador de empresas inmobiliarias y que dependían de sus ingresos su esposa y sus tres hijos. Además, señaló que contaba con bienes a su nombre hasta la confiscación que está realizando la Senabico.
“Yo no usurpé funciones públicas, porque yo no cobré en concepto de alquiler nada y todas las mejoras que entraron en el inmueble, yo no fui notificado de la resolución de transferencia en ningún momento”, dijo.
Talavera indicó que para que se decretara la prisión, debían darse conjuntamente la existencia de un hecho punible grave, el peligro de fuga y de obstrucción a un acto concreto de la investigación.
Afirmó que no existió apropiación, ya que su defendido nunca recibió dinero alguno. Tampoco usurpación de funciones, porque nunca se hizo pasar por funcionario público, a más de que nunca le notificaron que se había comisado dicho inmueble. Tampoco había peligro de fuga o de obstruir alguna investigación, ya que el mismo estaba preso de todos modos.
No hubo representante de la Fiscalía en la audiencia. Tras estudiar el pedido, el juzgador sostuvo que con las documentales se hallan demostrados los indicios de hechos punibles graves.
Además, que el imputado podría ser el autor o partícipe de los hechos imputados por el representante de la sociedad.
Finalmente, existe peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones, por lo que correspondía decretar la prisión preventiva del encausado en la Penitenciaría Industrial La Esperanza.
