El entonces senador Arnaldo Giuzzio, quien actualmente es ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, fue el que se encargó de exponer en forma pública los casos de unas 15 investigaciones llevadas adelante por la Senad, en que aparecían involucrados dirigentes políticos, tres de ellos legisladores. El caso no fue investigado ni tuvo seguimiento por parte de la Fiscalía, y varios de los acusados siguen cumpliendo funciones legislativas.
Entre los nombres revelados en ese momento aparecían el diputado colorado sampedrano Freddy D’Ecclesiis, quien, según el informe, tenía vínculos con Mario Giménez Noguera (supuesto traficante) y este con su hermano Enrique Giménez Noguera (supuesto proveedor). También citaron al diputado colorado Bernardo Villalba, al también diputado colorado Marcial Lezcano y al diputado suplente Carlos Rubén Sánchez Garcete, cuyo hermano es intendente municipal en Capitán Bado, Amambay. Igualmente, se mencionaba a Cirila de Villaalta y Magdaleno Silva, ya fallecido, quienes también fueron diputados por la ANR.
En todos estos años, el Ministerio Público no ha dado ningún tipo de avance y siguen apareciendo políticos con indicios de vínculos, como el caso del diputado colorado por Alto Paraná Ulises Quintana, actualmente procesado y preso, a quien se acusa de haber recibido apoyo del supuesto jefe narco Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.
Tras el hallazgo del mayor cargamento de cocaína en la historia de nuestro país, se revela que el narcotráfico sigue más vigente que nunca. Ante esta situación, el ministro Arnaldo Giuzzio advirtió este miércoles que, si no se controla el financiamiento de las campañas, en las próximas elecciones municipales, muchos candidatos financiados con dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado podrán acceder nuevamente a los cargos electivos.
“Con el desbloqueo de listas, cada candidato tiene que gerenciar para financiar su campaña. Se pueden presentar miles de candidatos y el proceso de control tiene que ser superfino para evitar que dinero sucio, ya sea proveniente de narcotráfico, de corrupción o del contrabando, pueda financiar a los candidatos y que lleguen esos candidatos a lugares claves estratégicos para el funcionamiento de la República”, declaró quien fuera hace seis años el principal denunciante de sus colegas vinculados a la narcopolítica.
En estos días, la diputada Celeste Amarilla había hecho una acusación genérica de que la mayoría de sus colegas en la Cámara Baja habían ingresado a la función, financiados con el dinero sucio. En represalia, la mayoría de los diputados, principalmente colorados, decidieron suspenderla por 60 días sin goce de dieta, violando abiertamente el artículo 91 de la Constitución, que otorga fueros a los legisladores para hacer declaraciones y denuncias.
Urge poner barreras al uso del dinero sucio en las próximas elecciones, a fin de evitar que el Paraguay se convierta cada vez más en un narcoestado.