Una gran parte de los políticos electos en las últimas elecciones generales presentaron declaraciones juradas al Tribunal Superior de Justicia Electoral diferentes a lo presentado a la Contraloría General de la República (CGR).
Por otro lado, las declaraciones juradas presentadas a la CGR muestran constantes variaciones de última hora o cambios a declaraciones de hace varios años atrás.
casos. Tomando solamente algunos casos de senadores con declaraciones juradas sospechosas por sus cambios y comparando con lo que declararon a la Justicia Electoral, ya se encuentran algunas inconsistencias.
Las declaraciones de interés económico vinculado (DIEV) fueron presentadas en setiembre del año pasado al TSJE por los entonces precandidatos al Senado. Estos volvieron a presentar su DIEV, ya como candidatos, en enero de este año, pero ya no fueron publicadas, pese a que la propia ley y la resolución del TSJE lo exigen.
En el caso de Erico Galeano, en su declaración jurada al TSJE señaló más empresas que a la CGR. A esta última, no declaró la firma Alpina SA. Su DJBR del 2018 cambió en el 2022 y este año. Disminuyó lo declarado G. 11.399.617.086.
El senador colorado Colym Soroka también declaró al TSJE la firma Ñande Pypore SA, pero a la CGR solamente declaró ganado por G. 3.475 millones. Sus dos DJBR presentadas este 15 de julio varían en G. 12.800.000.
Juan Carlos Baruja, senador colorado con permiso para asumir como ministro del MUVH esta semana, declaró al TSJE solamente una empresa (Olimpo Group SA), y a la CGR tres; BM Construcciones e Inmobiliaria del Este son las no declaradas al TSJE.
En enero de este año, en su DJBR de salida como gobernador de Paraguarí, Baruja estipuló un patrimonio de G. 6.488.921.680, y seis meses después declaró G. 557.728.408 más.
La senadora liberal Celeste Amarilla también presenta variaciones, al TSJE dijo que no poseía empresas, pero a la CGR declaró las firmas Tortugas Py SA y ANKI SA. Varió tres veces su DJBR este año.
El senador liberal Líder Amarilla es otro que dijo al TSJE que no poseía empresas, pero luego a la CGR declaró la firma Amarilla y Asociados SA, así como animales por G. 150 millones. También cambió su DJBR de este año, declarando G. 2.365 millones menos.
Todo esto evidencia la falta de rigurosidad de los políticos a la hora de declarar sus bienes patrimoniales, así como lo flexible de las propias leyes y órganos del Estado.
ANTECEDENTES. Otro caso involucra al ex presidente Horacio Cartes, quien no había declarado a la CGR su empresa offshore Dominicana Acquisition SA, que fue descubierta con la publicación de los Pandora Papers. Cartes “rectificó” su declaración jurada cuando se hizo público el caso en el 2021.
La ley aprobada el año pasado (Ley N° 6919/2022) mantiene esta posibilidad de “actualizar” declaraciones viejas, lo cual fue realizado este año por figuras polémicas, como el senador colorado cartista Erico Galeano, imputado por supuestos vínculos con el narcotráfico, y el diputado colorado Hernán Rivas, ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien dejó la presidencia del JEM por escándalos de juicios por deudas.
