Un monto de alrededor de G. 26.000 millones (alrededor de USD 4 millones al cambio actual) fue la suma a la cual pudieron acceder conocidos nombres de la política local, según los datos del informe de intervención de la Cooperativa San Cristóbal, elaborado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Entre los años 2014 y 2022, el ex diputado y ex presidente de la entidad solidaria Juan Carlos Ozorio, los actuales legisladores Basilio Núñez, Colym Soroka, Sergio Rojas, y el ex jefe de Gabinete Civil de la Presidencia Julio Ullón se hicieron con la importante cifra a través del préstamo con descuento de cheques, conforme a los datos expuestos ante los socios por los técnicos del ente regulador cooperativo.
En algunos casos, como el de Ozorio y Soroka, se observan además importantes saldos pendientes de pago (G. 552 millones y G. 800 millones, respectivamente). Lo llamativo del caso es que este producto fue señalado dentro del extenso informe de intervención como uno de privilegio en la cooperativa, es decir, era una modalidad a la cual pocos asociados podían acceder. Además, eran operaciones que se realizaban con controles flojos en lo que respecta a políticas antilavado.
“En este producto (haciendo referencia al descuento de documentos) se ve el débil monitoreo de las transacciones realizadas y que podrían haber desembocado en operaciones sospechosas (de lavado de lavado de dinero) y posterior reporte”, expresa el análisis del Incoop. A su vez, se hace mención a un hecho relacionado, que es la revisión de los legajos de socios bajo el concepto de personas expuestas políticamente (PEP).
Durante la intervención, se constató que en el 100% de los legajos no se ubicó una declaración jurada donde se asiente la condición de PEP, no se encontraron respaldos sobre los ingresos, no se hallaron copias de cédulas de identidad y hubo un llenado ineficiente de los formularios de manifestación de bienes, entre otros aspectos.
Debilidad. “Se puede respecto a las políticas y procedimientos de debida diligencia en general, que se encuentra en un rango moderado a débil, teniendo en cuenta las debilidades señaladas”, fue lo que señalaron desde el Incoop.
En ese sentido, llama la atención que dos socios de la cooperativa que forman parte de las investigaciones realizadas en el marco del operativo A Ultranza Py, que son Aníbal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez Morel, eran considerados por la entidad solidaria como personas con un riesgo medio y bajo (en lo relacionado a la posibilidad de incurrir en lavado), pese a que había inconsistencias entre los datos registrados y las operaciones que realizaban.
Asimismo, el Incoop resaltó el hecho de que un informe de auditoría externa que aseguraba que había un buen sistema de prevención antilavado en la entidad, pero que los reportes siguientes exponían numerosas debilidades que no eran atendidas.
- 133.593 millones en total fueron concedidos por la cooperativa a través de la dudosa modalidad vía cheques.
- 6.637 millones fue el saldo pendiente de cobrar hasta el momento de la publicación del informe del Incoop.
San Cristóbal sigue bajo intervención del Incoop
En la víspera se dio a conocer la resolución 26.162/22 del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), “Por la cual se dispone la continuidad de la intervención de la Cooperativa Multiactiva San Cristóbal Ltda.”
La intervención seguirá hasta que la Justicia Electoral emita resolución levantando una medida cautelar impuesta contra la realización de elecciones en la entidad solidaria. Cabe recordar que en la asamblea de intervención realizada el sábado último estaba previsto que los socios puedan elegir nuevas autoridades, pero el sufragio no se pudo concretar. Tras esto, se quedó en cuarto intermedio, a la espera de avanzar con la autorización necesaria.
