Ellas generalmente se centran en rubros de consumo como batata, mandioca, habilla, poroto, maíz, maní, huertas y producción de animales menores.
Es decir, las mujeres del campo son productoras de alimentos sanos que consumimos diariamente sin procesamiento ni aditivo. Pero ellas no solo se dedican a la producción agropecuaria en sus pequeñas parcelas, sino también al trabajo doméstico y entonces se produce una sobrecarga de tareas para las mujeres rurales.
El censo, además, muestra que su participación en las áreas productivas de menos de 5 hectáreas es elevada, pero al mismo tiempo revela que su protagonismo se va reduciendo a medida que las superficies son más extensas.
Esta semana el Estado utilizó sus redes sociales para homenajearlas por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una conmemoración establecida en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace más de 15 años.
Sin embargo, las instituciones poco hacen para cambiar una realidad en la que ellas tienen un bajísimo acceso a asistencia técnica y crediticia, situación que limita su desarrollo y de su familia.
Según el último censo, las mujeres rurales completan sus ingresos con subsidios y remesas del exterior.
En este contexto, se observa que a pesar de la vigencia de la Ley 5.446 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales, persiste una dilación en el cumplimiento pleno de sus derechos.
Políticas Públicas. La normativa garantiza a las mujeres del campo el acceso y uso de servicios productivos, financieros, tecnológicos en armonía con el medio ambiente, de educación, salud, protección social, seguridad alimentaria y de infraestructura social y productiva brindados por el Estado. Hasta ahora son promesas que quedaron en los papeles.
El Estado resta importancia a los pequeños productores y se atribuye el “éxito” del agronegocio, muestra de esto es el recorte de más de 30% que sufrió el Ministerio de Agricultura y Ganadería en su presupuesto para el 2024. Esta situación pone en una situación más vulnerable a la agricultura familiar, que además está sufriendo los efectos del cambio climático.
El calor extremo está ocasionando grandes pérdidas en todos los cultivos, muy pronto las mujeres del campo no tendrán alimentos para vender y ni siquiera para sus familias. Para comprar comida ni siquiera pueden conseguir créditos en el sistema bancario, deben recurrir a usuras o súplicas al Estado para una asistencia alimentaria de emergencia.
Las organizaciones campesinas fortalecidas optan por las protestas para reivindicar sus derechos y para exigir cambios estructurales que reduzcan las asimetrías con los grandes productores que concentran la mayor superficie de tierras mediante flexibilidades estatales que les permiten aumentar su riqueza a partir de los cultivos y sobreponerse a cualquier sequía sin pasar hambre.
Las mujeres campesinas a su vez exponen necesidades específicas, porque estas productoras de alimentos que reclaman acceso a la tierra y políticas para la recuperación de la producción, no tienen siquiera mamografías y papanicolau disponibles en sus comunidades, según denuncian organizaciones como el Frente de la Mujer del Partido Paraguay Pyahurã y la Federación Nacional Campesina. El último censo agropecuario pone en evidencia las carencias que persisten en el campo, pero al mismo tiempo resalta su importancia en la provisión de alimentos para todo el país. Sobran argumentos para ejecutar las normas vigentes y poner atención a las mujeres rurales y sus familias.
