En presencia de sus abogados, el titular de la Gobernación mostró dos informes en los que figura que “el cañón exhibido en la Costanera se encuentra en proceso de investigación por parte de la Dirección de Estudios, Antropología, Arqueología y Paleontología para su declaratoria y posterior inclusión en el sistema de Registro de Bienes del Patrimonio Cultural Nacional denominado Ñandutí”. Esta dirección depende de la Secretaría Nacional de Cultura.
En el segundo informe se recomienda que los cañones –que son auténticos del Siglo XIX– deben ser catalogados como patrimonio.
Con esto, el gobernador, quien se encuentra imputado y con pedido de prisión, explicó que los supuestos patrimonios nacionales aún no figuran como tales. Además, de que solo fue reparado.
Sobre ese punto, relató que el cañón tenía una abertura, que produjo un corte a un niño que estaba jugando en el espacio público, por lo que se procedió a su reparación.
El abogado Osvaldo Santander mencionó que no se trata de un daño nuevo, sino que la abertura ya es vieja. Fue el concejal Christian Núñez quien comunicó al gobernador del accidente que sufrió el niño y como el edil es herrero, se ofreció a reparar, pero como no se podía soldar, recurrió a colocarle una masilla plástica y al quedar eso muy blanco, pintaron todo el cañón, relató el abogado.
Asimismo, el gobernador desmintió que se haya retirado el objeto y que se haya buscado oro. Mientras que el abogado Santander sostuvo que se tuvo una “idea errada” de lo que ocurrió y que se trata de una persecución política, “porque quieren embarrar la gestión” de su defendido.
