Las pasiones, odios, intolerancias y temores son las orejeras que evitan una mirada holística para comprender las complejidades de una crisis que va mucho más allá de las posiciones políticas extremas, agitadas por quienes reducen el mundo en blanco o negro por su incapacidad de interpretar los profundos problemas. Es más fácil culpar de los desequilibrios sociales al Grupo de Puebla o al imperio yanqui y sus lacayos, que asumir los propios descalabros gubernamentales. A esto se suma los que agitan los sentimientos religiosos blandiendo la Biblia como un arma, como en los oscuros tiempos de la Inquisición. Ya no es la Constitución, ese contrato social que une, sino la Palabra de Dios que divide.
Evo Morales llegó al poder en 2006, con una Bolivia en crisis económica y política. Gobernó con éxito económico y justicia social hasta el 2019, cuando fue renunciado por las Fuerzas Armadas tras unas elecciones amañadas que quiso imponer para evitar una segunda vuelta electoral con Carlos Mesa.
Fue reelecto en 2009 y repitió la victoria en 2014, ganando por primera vez en las zonas que siempre lo habían rechazado: Santa Cruz, Tarija y Pando, resultado interpretado como una reconciliación entre los dos mundos que coexisten en Bolivia. Su mandato fenecía en enero del 2020. Hoy está en el exilio y Bolivia en llamas.
No puede negarse que fue el mismo Evo el arquitecto de su caída, al destruir esa institucionalidad que había logrado con una nueva Constitución y una eficaz gestión social inclusiva que puso como protagonista a la mayoritaria población indígena.
Su ambición de poder empezaba a inquietar. Ya la re-reelección del 2014 fue cuestionada porque la Constitución boliviana solo permite dos mandatos consecutivos, pero, con artimañas legales y la cooptación de las instituciones, logró que el Tribunal Constitucional autorice su postulación con el que consiguió su tercer gobierno.
No terminó allí. Nuevamente empezó a hablar de una reforma constitucional para abrir la compuerta para un cuarto mandato. El Gobierno convocó a un referéndum en 2016 para modificar la Constitución que en su artículo 168 establece claramente que “el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser electas o electos por una sola vez de manera continúa”. Por escaso margen, los bolivianos le dijeron NO. Pero en vez de acatar la decisión popular, como lo había prometido, Evo le tomó el gusto a las artimañas legales para permanecer en el poder. A pesar de las advertencias jurídicas y políticas, el Tribunal Constitucional lo habilitó para competir alegando sus derechos humanos. Un argumento forzado curiosamente apoyado por el titular de la OEA, Luis Almagro, motivado también por su reelección ante el organismo, sostuvo que “decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”.
A pesar de las protestas y el sentido común, el primer presidente indígena de Bolivia, el más exitoso de la historia, dinamitó la institucionalidad y, ajeno a los cálculos políticos, volvió a competir. La oposición aceptó las reglas de juego y el 20 de octubre se realizaron las elecciones. Evo no solamente necesitaba ganar sino finiquitar el pleito en primera vuelta en un proceso transparente que diluyera el estigma de su candidatura ilegítima.
Pero cometió otro error más grave aún. El conteo rápido de los votos vaticinaba una segunda vuelta con Carlos Mesa. El Tribunal Electoral suspendió el conteo y al día siguiente dictaminó que Evo logró, por centésimas, los 10 puntos que necesitaba para imponerse en primera vuelta. El resto es historia. La OEA sepultó sus argumentos y dictaminó nuevas elecciones. Aceptó, pero ya fue tarde.
La ceguera del poder subestima las señales de la realidad. No hay nada más difícil que bajar del pedestal del Olimpo a quien se cree el único líder capaz de conducir un país.
GOLPE DE ESTADO. Sin dudas, Evo ya no debía ser candidato, pero lo que sucedió con su renuncia no fue sino un golpe de Estado, porque primero hubo motín policial y luego intervención directa de las FFAA que le exigieron su renuncia. Ante el vacío institucional, con apoyo militar y la derecha más rancia, corrupta y clasista boliviana, se autoproclamó presidenta la senadora opositora Jeanine Áñez, quien en vez de buscar la pacificación del país y hacer lo único que le confiere la Constitución que es convocar a elecciones en tres meses, desató una cacería política que ya causó 9 muertos. Y no se vislumbra una salida pacífica.
HERENCIA. A diferencia de Chile, donde la desigualdad es una de las causas principales de la rebelión civil, en Bolivia, Evo redujo la desigualdad. Como ningún otro presidente, revolucionó el cambio en su país, convirtiéndolo en el de mayor crecimiento en América Latina, con reducciones impactantes de la pobreza y el desempleo, con elogios del Banco Mundial y el FMI. Su gran error fue creerse imprescindible, aferrarse al poder y negarse a la natural sucesión institucional.
Si bien es indiscutible que Evo ya no debía ser candidato, eso no justifica el golpe institucional que se perpetró en Bolivia.
A la hora de debatir las grandes crisis en Sudamérica, hay un grotesco doble rasero de ambas corrientes: la derecha, que censura al venezolano Nicolás Maduro y la Cuba comunista, aplaude enceguecida el golpe y la represión en Bolivia. La izquierda también se niega a hablar de la escandalosa corrupción, la violación de los DDHH y los fórceps institucionales para perpetuarse en el poder a toda costa.
El sanguinario debate ideológico sin la más mínima ecuanimidad y capacidad de asumir los errores y aciertos de cada lado es la razón por la cual Sudamérica no logra una vida institucional verdadera.
