El Poder Ejecutivo presentó este martes al Congreso el proyecto de ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflicto de intereses en la función pública.
El jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann, y el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, explicaron los alcances del proyecto en el Palacio de Gobierno.
La legislación busca establecer un régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses a fin que las decisiones que tomen los funcionarios públicos estén basadas en los principios de equidad e imparcialidad. El documento fue firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y remitido luego al Congreso Nacional.
“Es la primera vez que se establece de manera clara el concepto de conflicto de interés en una legislación paraguaya”, explicó Huttemann.
También se establece conductas prohibidas para los funcionarios públicos como participar de cualquier sociedad comercial que opere en el ámbito sobre el que uno tiene algún tipo de poder de decisión o competencia. Además tienen prohibido ser proveedor del Estado dentro del ámbito del que uno tiene competencia, poder de decisión o supervisión, precisó.
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Otro de los puntos del proyecto de ley tiene que ver con la abstención para que los funcionarios públicos eviten participar en procesos donde se presenten empresas de las que fueron parte o personas a los que prestó servicios profesionales.
Igualmente, se contempla límites al egreso de la función pública de modo a evitar que las personas que entran y luego salen de los cargos utilicen las informaciones que obtengan para sacar provecho.
De ser aprobada la propuesta, el funcionario público está obligado, en un plazo de 15 días de asumir en un cargo, a presentar una declaración jurada de intereses. Los organismos de control y aplicación del proyecto serán la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República.
A su turno, el ministro de la Senac, René Fernández, detalló que en caso de incumplimiento se establece multas que pueden llegar hasta 200 jornales mínimos, así como la inhabilitación para cumplir funciones públicas de hasta cinco años.
El proyecto fue elaborado en el marco de la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025).
