16 oct 2026

Plantean denuncia contra Sandra Quiñónez y Lorenzo Lezcano por inacción en causas

Desirée Masi presentó ante el presidente del Senado, Óscar Salomón, un proyecto de resolución para denunciar penalmente a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y al agente Lorenzo Lezcano por inacción y omisión en causas, lo que asegura “han afectado la institucionalidad” y derivaron en los sicariatos del fiscal Marcelo Pecci y otros. Masi también planteó instar al JEM el enjuiciamiento del fiscal Osmar Legal.

Fiscala general.jpg

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, hizo un llamado a la sociedad para que siga brindando su apoyo Ministerio Público.

Foto: Archivo ÚH.

La senadora por la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, presentó este martes ante el presidente del Congreso Nacional, Óscar Cachito Salomón, un proyecto de resolución para denunciar penalmente a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y al fiscal Lorenzo Lezcano, ante la inacción y omisión en causas relacionadas principalmente al narcotráfico.

El proyecto plantea que la denuncia sea presentada ante el Ministerio Público contra ambos fiscales por “la supuesta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución penal y ejecución penal con agravantes e inducción a un subordinado a un hecho punible”.

De Fis Lorenzo L.pdf

En el documento se señala que la inacción de los representantes del Ministerio Público afectaron la “institucionalidad” de la República del Paraguay y, además, pudieron prevenir crímenes, como el caso del fiscal especializado contra el crimen organizado Marcelo Pecci ocurrido en Colombia, entre otros sicariatos.

Como exposición de motivos, la legisladora recuerda la operación Smart, en la que el Comando Tripartito tenía en la mira a Sebastián Marset, ante las sospechas de liderar un clan familiar dedicado al narcotráfico y el lavado de dinero. Este documento fue remitido al fiscal Lorenzo Lezcano en el mes de marzo del 2021, un año antes de la operación A Ultranza PY.

Nota relacionada: Giuzzio y fiscala se contradicen sobre el trasfondo de crimen de empresario

Además, también se menciona el caso del homicidio del empresario Mauricio Schwartzman, recordando que el ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había manifestado que organizaciones criminales serían los autores del hecho y que guardaría relación con las casi tres toneladas de droga que fueron incautadas en Villeta en octubre de 2020.

Posteriormente, hace referencia como antecedente la publicación de Última Hora en la que se señalaba que, pese a lo manifestado por el ex secretario de Estado, la fiscala Alicia Sapriza, una de las que están a cargo de las pesquisas, trató de ser cautelosa para definir el móvil del crimen que conmocionó a la sociedad y contradijo los entredichos de Giuzzio.

Entre los argumentos para presentar la denuncia también se detalla el caso del uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, indicando que “es llamativo que la Fiscalía no imputó, ni investigó, ni pidió comisos ni acción alguna” contra el hombre.

Esto pese a que Santorio también fue involucrado en el esquema criminal que se buscaba desarticular con el operativo A Ultranza Py, así como en el caso del avión iraní, el cual fue retenido en Argentina y está siendo investigado por supuestos vínculos con organizaciones terroristas.

“El hecho de traer a la luz estas informaciones en forma oportuna hubiese adelantado muchas de las investigaciones y pudo haber evitado otros sucesos. Todos los hechos señalados, que implican una conducta penal por parte de Lorenzo Lezcano, al omitir impulsar los actos propios del ejercicio de la acción penal, implican a otros agentes fiscales que hayan tenido participación e involucra a Sandra Quiñónez, como máxima autoridad del Ministerio Público”, expresa el escrito.

Le puede interesar: Narco brasileño habría pedido asesinar a subcomisario del Comando Tripartito

Por otra parte, Desirée Masi también presentó ante Salomón este martes un proyecto de declaración con el cual se buscará instar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el enjuiciamiento del fiscal Osmar Legal, por su inacción ante causas que están a su cargo.

Afirma que el motivo sería que el agente fiscal aún no presentó imputación en el caso de Dario Messer, “amigo del alma” del ex presidente Horacio Cartes, y el avión iraní. Este martes, Legal fue designado también para llevar adelante la investigación contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Más contenido de esta sección
Una cámara de circuito cerrado captó el momento cuando un hombre trepó 10 murallas para intentar escapar de la Policía Nacional, luego de supuestamente robar en un colegio, pero finalmente fue aprehendido. Sucedió en Capiatá, Departamento Central.
Agentes policiales llegaron hasta el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el Palacio de Justicia, ante una amenaza de ataque armado. Se tomaron todos los recaudos, sin embargo, los intervinientes consideran de “ocurrencia baja” la posibilidad de un hecho punible.
La doctora Zully Vera, rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) informó este viernes que la Policía Nacional rastreará el IP del correo electrónico enviado con amenazas de un ataque armado en la institución educativa. Afirma que es la primera vez que reciben esta advertencia y que desea que se identifique a la persona responsable del hecho que obligó a la suspensión de clases en la jornada.
Agentes de la Senad incautaron más de 4 kilos de marihuana premium procedentes de California, EEUU. La droga venía oculta en un esterilizador de biberones detectado en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) detectó conexiones irregulares en un suministro de media tensión utilizado para abastecer equipos de criptominería en el asentamiento Belén, en el kilómetro 4,5 Acaray de Ciudad del Este. El procedimiento derivó en una liquidación de G. 319 millones y el decomiso de 18 máquinas procesadoras de criptoactivos.
Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), cuestionó con dureza el programa Hambre Cero al señalar que la millonaria inversión de USD 1.500 millones se desvió de las prioridades formativas.