La Cámara de Senadores acordó estudiar el proyecto de ley hasta el 27 de agosto, mediante un proceso especial (estudio de código) y se fijó como fecha de votación el 3 de setiembre. Durante este periodo, se deberán realizar las audiencias públicas, convocatorias a los afectados y propuestas de modificaciones.
La falta de claridad sobre diversos temas que fueron promocionados por el Gobierno como ejes del proyecto de ley fueron motivo de críticas en el ámbito empresarial y legislativo.
Ante el Senado, la ministra Claudia Centurión aseguró que se trata de una ley marco y que los detalles serán plasmados dentro de los pliegos de bases y condiciones. Comparó la propuesta como una gran Ley de Alianza Público-Privada.
Sobre la rectoría, punto que también generó dudas, Emiliano Fernández aseguró que el Viceministerio de Transporte “meterá un poquito más la mano” en las decisiones que tome la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran). Asimismo, aseguró que se requerirá de una ingeniería de transporte para definir la operación de buses, troncales y tarifas.
BUSES INTERNOS. El proyecto de ley no contempla soluciones para los buses internos que operan en el área metropolitana, según reconocieron las autoridades.
En el marco de la presentación de la propuesta ante la Cámara Alta, el senador Sergio Rojas cuestionó que la reforma no abarque el funcionamiento de los internos municipales. Denunció que muchas de estas empresas no están habilitadas, pero operan “porque hay dinero bajo la mesa”.
El viceministro Fernández reconoció que habrá concertaciones con los municipios, pero aclaró que la normativa respetará la autonomía de los municipios. En el mismo sentido, Centurión aclaró que las decisiones sobre servicios internos seguirán bajo rectoría de las comunas, pero se abre la posibilidad de que se establezcan conversaciones.
Asimismo, la ministra del MOPC dijo que se espera que con el correr del tiempo sean los propios municipios los que emulen, basados en sus autonomías, el nuevo sistema.
DESPROLIJIDADES. Si bien desde el Gobierno hablan sobre 1.000 buses incorporados y obras de infraestructura, entre los 122 artículos de la propuesta no se hace mención hacia estos puntos. En ese sentido, el senador liberocartista Dionisio Amarilla, durante la sesión celebrada el pasado miércoles –tras aclarar que está a favor de la reforma– criticó que el MOPC no incluya datos sobre las obras, el futuro Tren de Cercanías, los pasos sobre nivel, entre otros temas que tendrán relación con una mejora del sistema.
Asimismo, el legislador habló sobre imprecisiones y desprolijidades del proyecto de ley presentado por el Gobierno. Puso en duda el correcto uso de los USD 300 millones que se prevé para la compra paulatina de buses.
SUBSIDIOS. Bajo la premisa de que en casi todos los países del mundo se hace lo mismo, el viceministro del Transporte aseguró que la reforma contempla que el Estado siga subsidiando el transporte público. Durante el periodo de transición entre el nuevo modelo y el actual, el Estado deberá seguir subsidiando a las empresas operadoras y también deberá comprar buses.
Líder Amarilla, legislador por el PLRA, aseguró que el proyecto de ley va camino al fracaso, ya que persigue un mismo modelo y sistema. “No se reestructura nada, se da más plata a los empresarios. El problema es que en cada estructura hay corrupción. Se deja en claro de que el subsidio no se termina y son USD 40 millones al año. Se subsidia y se les compran vehículos”, dijo.
Sobre el punto, la senadora Celeste Amarilla cuestionó que se siga apostando por una política de subsidios. “Tienen que ser los empresarios para que el negocio sea rentable. El subsidio se debe eliminar. Los subsidios deben ser transitorios y no medidas definitivas”, aseguró.
La legisladora además cuestionó que no existan aclaraciones ni precisiones sobre la modalidad que se utilizará a la hora de entregar la flota de buses a los empresarios.
FALTA DE DATOS. El senador Amarilla lamentó que el documento no incluya datos de algún estudio técnico que hable sobre la cantidad de unidades que se necesitan para el futuro sistema. Asimismo, se cuestionó que no se presenten números sobre el financiamiento del proyecto. Aseguró que para que exista una reestructuración real también se deberá de incluir a buses internos.
En esta misma línea, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, pidió que se trabaje en un sistema de transporte público que vaya más allá de la zona metropolitana. Asimismo, enfatizó en que no queda claro por qué se dividen las modalidades de contrato y expresó su preocupación sobre la falta de detalles sobre las inversiones necesarias.
La senadora colorada Lilian Samaniego también se cuestionó la falta de precisión respecto a cómo se operará por fuera de los troncales principales.
Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó la falta de precisiones dentro de la propuesta. Dijo que el documento no menciona que el servicio debe extenderse las 24 horas, no habla sobre desde cuándo se implementará, ni establece criterios que serán evaluados para establecer el precio del pasaje. Asimismo, pidió que se establezcan sanciones duras para quienes incumplen con normas laborales.
