Propone reglas claras para los ascensos y estandariza los cargos de confianza.
La ministra de la Secretaría de la Función Pública, Cristina Bogado, señaló que hoy mantendrá reunión con el jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor; y mañana hará lo mismo con el ministro de Hacienda, Benigno López.
El Ejecutivo debe presentar el proyecto ante el Congreso.
Bogado puntualizó que en 20 años de la vigencia de la Ley 1626 no se ha logrado implementar la carrera del Servicio Civil. “Nuestra idea es acercar nuestras propuestas para que sean incorporadas y que en forma conjunta podamos hacer la presentación”, afirmó.
Máximo Medina, integrante del equipo especial, significó que lo principal del debate es la reglamentación de la carrera del Servicio Civil. Fijar condiciones para el ingreso de los ciudadanos y la promoción para la carrera.
“Queremos fortalecer los requisitos para el ingreso. Tendrá nueva dinámica y nuevos requisitos”, puntualizó.
Por ejemplo, mencionó que cada escalón tiene un requerimiento mínimo de nivel educativo y de capacitación. “Obligatoriamente establece que aquel que va a ingresar a la carrera pública debe tener un curso del órgano rector que es la Función Pública”, especificó.
Agregó que nadie se podrá postular si no aprueba el curso para el ingreso a la carrera del Servicio Civil. Será como un cursillo de ingreso a través del Instituto de Administración Pública, que establecerá la política educativa para la capacitación de los funcionarios.
Para poder ascender los funcionarios deben tener ciertos cursos aprobados e irá aumentando la carga horaria de capacitación en cada escalafón, según señaló.
Sostuvo que trabajaron para estandarizar los cargos de confianza. La idea es que ya no existan diferencias entre ministerios e instituciones.
POLÍTICA REMUNERATIVA. Por su parte, Nathalie Delorme Delmás mencionó que buscan que existan líneas claras en la política remunerativa acorde al desempeño del funcionario de acuerdo a sus méritos y así como en la cantidad de tiempo que le dedica a una institución. Sostuvo que siempre se buscó realizar un ordenamiento para fortalecer el sistema de recursos humanos del sector público, como el rendimiento con las evaluaciones del desempeño y alcanzar las metas en cada una de las instituciones.
Acotó que también revisaron la necesidad de fortalecer el régimen disciplinario que con la actual ley tiene ciertas debilidades.
Actualmente existe una gran inequidad salarial en la función pública porque hay estatales que no tienen formación universitaria pero ocupan cargos en donde ganan mucho más que un profesional que tiene mejor formación e incluso con maestrías.
La intención que se pueda lograr la equiparación laboral en todos los niveles.
En el marco del debate instalado durante la declaración de cuarentena se planteó la necesidad de reducir aquellos salarios que superan el ingreso del presidente de la República (G. 37 millones). Inclusive se incluyó la situación de las entidades binacionales.
El anteproyecto de reformas del Servicio Civil contempla una serie de propuestas de la Secretaría de la Función Pública como estandarizar los cargos de confianza y política remunerativa.
