Los acusados eran parte de organizaciones que recibieron dinero para obras que nunca concluyeron.
La investigación concluyó que hubo sobrefacturación en proyectos de abastecimiento de agua potable, en comunidades de los departamentos de San Pedro y Caaguazú.
En abril del 2015, Pereira era tesorero y su esposa Miryan Giménez presidenta de la organización Desde Abajo hacia un Desarrollo Íntegro Social (Dadis).
Estos habían presentado una nota al Indert, pidiendo financiación de los proyectos que beneficiarían a las comunidades de Santa Rosa.
El proyecto se aprobó y se desembolsó primeramente el 50%, en octubre del 2015, y, posteriormente, en noviembre del 2016, se llevó a cabo la segunda transferencia, ya que presentaron en tiempo la primera rendición de cuentas.
Finalmente, en junio del 2017, adjuntaron facturas sobre gastos de perforación de pozo tubular, productos y honorarios.
Supuestamente, todo estaba perfecto; sin embargo, funcionarios del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) que depende del Indert, efectuaron verificaciones y encontraron que los sistemas de abastecimientos estaban incompletos y sin funcionar.
Corbeta menciona en su acusación que en los cuatro asentamientos encontraron perjuicios que alcanzan los G. 683.849.514.
ACUSADOS. Además de Pereira y su esposa, fueron acusados Santiago Ochipinti, ex director del Fides, Abel Florentín y Arnaldo Rivero.
