16 feb. 2026

Piden juicio oral por supuesta polución sonora para ex presidente del Star’s Club

El ex presidente y actual secretario general del Star’s Club, Carlos Alarcón Caballero, fue acusado ante la jueza Alicia Pedrozo por supuesta contaminación de aire (polución sonora). Se pide juicio oral por los citados hechos punibles.

STARS.jpg

En la mira. El ex presidente del Star’s Club Carlos Alarcón fue acusado por polución sonora.

Foto: Gentileza.

La acusación particular fue presentada por Pablo Arturo Alborno, bajo patrocinio del abogado Ricardo Estigarribia Chávez, quien solicita la elevación del caso a juicio oral.

Carlos Alarcón fue imputado por la fiscala Lorena Ledesma y querellado a través del citado profesional ante la citada magistrada de Garantías, quien admitió el pedido y le impuso las medidas cautelares.

Según dice, Alarcón Caballero es representante del Star’s Club, ubicado en Arellano esquina José Moreno, de nuestra capital, donde se realizan eventos deportivos, principalmente de fútbol de salón y futsal FIFA.

Sostiene la acusación que el imputado no realizó la adecuación de las instalaciones conforme a la normativa vigente para evitar la propagación de sonidos generados en su interior, en particular la emisión de música a altos decibles durante el desarrollo de las actividades. Esta situación habría provocado un daño ambiental por polución sonora, del que resultan afectados todos los vecinos.

Remarca que los hechos se dan entre el 2022 y el 2025, cuando se desempeñaba no solo como presidente, sino que fungía de encargado del club, por lo que arrendó el predio para eventos deportivos. Asimismo, autorizó la emisión de sonidos y parlantes entre las 22:00 hasta la madrugada.

Cita los números de los niveles de sonido arrojados entre los 71,8 decibeles el 1 de noviembre de 2024, así como de un máximo de 80,4 el 2 de noviembre de ese año. También menciona otras fechas en que se superaron ampliamente los rangos permitidos para la ciudad de Asunción.

También cita que el club no tenía habilitación municipal. En marzo del 2022, fue fiscalizado, y por resolución del 29 de abril de 2022, se dispuso la suspensión de las actividades; no obstante, siguió funcionando, por lo que la Comuna incluso recurrió a la Justicia para hacer cumplir su resolución. Después, consiguió la habilitación provisoria.

Según la acusación, tanto el Ministerio Público como la Policía corroboraron los altos niveles de sonido, por lo que señalan que el hecho punible se halla acreditado, y solicitan que el caso sea elevado a juicio oral.

El querellante ofrece 22 testigos, 31 documentales, además de otras siete evidencias. Ahora, la magistrada deberá poner a disposición de la defensa la acusación presentada, y se fijará la audiencia preliminar.

Más contenido de esta sección
El Tribunal de Apelación Penal ratificó el fallo de la jueza de Ejecución María Lidia Wyder, que rechazó el pedido de tutela jurisdiccional a favor de José Alberto Insfrán, conocido como Pastor Insfrán, uno de los acusados por el caso A Ultranza Paraguay, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Seguirá recluido en la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, de Emboscada.
La segunda recusación consecutiva contra el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia volvió a suspender la audiencia preliminar en otra de las causas conocidas como la mafia de los pagarés, en este caso respecto de dos procesados por el Juzgado de Paz de Recoleta. Señalan que el magistrado intentó realizar la audiencia pese a haber concedido la apelación subsidiaria.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso la reapertura de la causa y fijó para marzo la audiencia preliminar de los seis acusados por el presunto desvío de más de G. 2.808 millones de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal. La medida se adoptó a pedido de representantes del Ministerio Público.
El vocero de los gremios judiciales sostiene que los mentores de modificar la ley de la Caja Fiscal no se imaginaron este escenario. Explica que el cambio del sistema jubilatorio debe ser de forma paulatina.
Las indignidades del encierro de presos considerados “olvidados” facilitan el reclutamiento a grupos criminales, advierte experto en Derechos Humanos. A eso se suma la corrupción de funcionarios de Justicia.