El supuesto daño total al patrimonio departamental por el que Diosnel Aguilera acusa a Carlos Silva alcanza la suma G. 20.000 millones (USD 3,5 millones) entre el 2013 y el 2018.
Solicitó al Ministerio Público que investigue al gobernador por los indicios de corrupción que el mismo presentó. “Teniendo en cuenta que se encuentra en juego el patrimonio público en el Departamento de Ñeembucú”, expresó.
Los hechos que denuncia son varios: sobrefacturación G. 6.464 millones en construcción de pavimento ripio en la zona sur del departamento. La obra estaba a cargo de la empresa BGF S.A, que estaría vinculada al ex diputado y actual senador Dioniosio Amarilla.
El concejal asegura que en esta obra la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas detectó un sobredimensionamiento de cantidad de metros cuadrados a enripiar con relación a lo necesitado y realizado.
Esta misma empresa, agrega Aguilera, es la única que, llamativamente, fue adjudicada a todas las obras en Ñeembucú en los últimos cinco años. “Con sobrefacturaciones y trabajos de pésima calidad por más de G. 122.000 millones”, insiste Aguilera.
La empresa adjudicada tampoco cumplió con las obras de construcción del Mercado Popular, que debía estar listo para julio de este año, sostiene. Para esta obra se desembolsó el 85% del presupuesto total, G. 18.000 millones, sin tener en cuenta el avance real de las obras, cita la denuncia.
Otro caso involucra a la esposa del gobernador, Irma Rivas, quien supuestamente recibió más de G. 4.000 millones del Estado como parte de fondos de una organización no gubernamental de la que está a cargo. La oenegé habría destinado los fondos a los gastos de la campaña política de su hijo, Carlos Silva, actual diputado.
Varias comisiones agrícolas también denunciaron que les hacen firmar por la recepción de dinero, pero que finalmente los montos son administrados por Éver Montañez, secretario departamental de Agricultura y funcionario de confianza de Silva.
