El defensor público Rodrigo Cuevas, a través de un recurso extraordinario de casación, advirtió que el Estado paraguayo podría sufrir una sanción en caso de que los familiares de la persona condenada recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante su diagnóstico.
Se trata del caso que derivó de un crimen registrado en Ciudad del Este, Alto Paraná, en junio de 2021, que se le atribuyó a Mohamed Kamel Alloul Candia (26), quien asesinó a golpes a su pareja Carolina Mareco Samudio, de entonces 27 años.
El homicida reconoció que mató a la mujer tras ser aprehendido cuando intentaba huir, de acuerdo con lo señalado por los investigadores policiales en ese entonces. La víctima estuvo desaparecida y su cuerpo fue encontrado cerca del arroyo Acaraymí, en un baldío del kilómetro 7 Acaray.
La causa había sido investigada inicialmente como un presunto feminicidio, pero tras un juicio oral y público realizado en mayo de 2023, lo condenaron a 19 años de prisión por homicidio doloso, con un voto en disidencia.
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Luego, la sentencia fue confirmada por mayoría en la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.
El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por Emilia Santos Ávalos, Flavia Recalde y Milciades Ovelar, quienes dictaron la resolución definitiva, con el voto en disidencia de Recalde.
La Segunda Sala está integrada por Miryan Meza de López, preopinante, Lilian Lorena Benítez y Efrén Giménez Vázquez.
Meza de López advirtió que correspondía la nulidad de la sentencia y el reenvío para el inicio de un nuevo juicio oral, señalando que hubo una sentencia arbitraria y que los jueces pasaron por alto el diagnóstico del acusado al momento de actuar y el desconocimiento de los documentos que dan cuenta de que la persona fue diagnosticada con problemas de la salud mental.
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El Tribunal hizo caso omiso a los dictámenes de cuatro siquiatras y dos sicólogos, argumentando que los profesionales de la salud visiblemente magnificaron su diagnóstico, según la camarista.
Los demás se adhirieron a su preopinión, pero unos días después, por la vía de la aclaratoria de oficio, dictaron otra decisión, en la que modificaron sustancialmente la primera, confirmando la condena.
Cuevas Tapari recurrió con un recurso extraordinario de casación contra la sentencia definitiva confirmada en la segunda instancia, al sostener que los jueces hicieron caso omiso a seis profesionales de la salud mental, que dictaminaron que Alloul Candia sufría una enfermedad que debía ser tratada en algún centro asistencial especializado.
Temen dejarlo sin medicación
Los familiares temen que vuelva a cometer otro crimen, en caso de que no reciba su medicación, lo que dentro del penal es imposible controlar.
Por otro lado, el defensor público señaló vicios en la sentencia como la falta de fundamentación del fallo y en apelaciones la modificación de su propia resolución en forma ilegal, según su escrito.
En consecuencia, pidió ante la Corte Suprema de Justicia se haga lugar a la casación y declare la nulidad del fallo de la Cámara de Apelaciones, con la absolución de su defendido o, caso contrario, el reenvío para la realización de un nuevo juicio oral y público.
