En su cuarto trámite legislativo ayer quedó sancionado el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el año 2024, que asciende a G. 116,5 billones y tiene una variación de G. 36.108 millones más que la versión presentada por el Poder Ejecutivo.
La propuesta sancionada por la Cámara de Senadores prevé varios recortes de gastos superfluos realizados en la Comisión Bicameral de Presupuesto, con lo que se logró realizar más de una docena de reprogramaciones para varias instituciones que habían manifestado necesidades presupuestarias durante la defensa de su plan de gasto.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aceptó solo algunos cambios realizados por el Senado y se ratificó en mantener su sanción como parte de un supuesto consenso, que finalmente no se tuvo en cuenta por los senadores que por unanimidad decidieron mantener su versión por sobre la de Diputados.
Si bien desde el Poder Ejecutivo se mencionó que estaban más conformes con la versión de Diputados igualmente se considera manejable la versión de la Cámara Alta, puesto que los legisladores respetaron el tope presupuestario y la estimación de ingresos del Tesoro Público.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia recibirá una ampliación de G. 55.000 millones para la prosecución de obras en ejecución de Salto del Guairá y Capiatá, y para inicio de obras en J. Augusto Saldívar, Fdo. de la Mora, Pdte. Hayes, Filadelfia y Yvy Ja’u.
Igualmente, se otorgan G. 15.000 millones para el Tribunal de Justicia Electoral de los cuales G. 11.000 millones serán para aporte a partidos políticos correspondiente al año 2020, y G. 4.000 millones para gastos operativos.
Para las Universidades Nacionales de Asunción y las públicas del interior se dieron G. 36.000 millones, la mitad para la UNA y la otra parte será dividida a las nueve universidades con G. 2.000 millones cada una.
Asimismo, se destinarán G. 20.000 millones para el programa de alimentos para la primera infancia dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se le recortaron cerca de USD 29 millones para financiar el aumento a la Corte y el resto destinar USD 19 millones al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y otros USD 1 millón para la Senasa.
