El Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, presentado este último lunes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante el Congreso Nacional, contempla un tope para nuevos endeudamientos de hasta USD 661,6 millones.
Dicho monto podrá ser captado mediante la emisión de títulos de deuda del Tesoro Público en los mercados tanto local como internacional, así como con préstamos externos. El titular del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, ya adelantó que se prevén colocaciones en el mercado externo entre enero y febrero.
Parte de esos recursos, a su vez, estarán habilitados para financiar gastos corrientes del Ministerio de Salud Pública, aunque sin incluir salarios, según se destaca en el proyecto, mientras que esencialmente deben ser canalizados para el financiamiento de obras de infraestructura y otros proyectos.
La propuesta se da en un contexto de sostenida expansión de la deuda pública, que ya supera los USD 19.000 millones y el 40% del producto interno bruto (PIB).
Al ser consultado sobre el tema, Fernández Valdovinos afirmó que en 2026 se espera mantener los mismos niveles de deuda pública que este año, especialmente mediante el cumplimiento de la convergencia fiscal.
“Porque cuando converjamos al 1,5% (déficit fiscal) más el crecimiento de la economía, el nivel de la deuda sobre el PIB se estabiliza y después empieza a caer. No hice exacto el cálculo, pero alrededor del 40% del PIB (sería el nivel), que es un nivel similar al que tenemos ahora”, apuntó el ministro.
En tanto, recordó que para el siguiente ejercicio fiscal el Gobierno también cuenta con la posibilidad de endeudarse mediante dos instrumentos para la emisión de bonos, el primero que se enmarca en el Presupuesto General y el otro, que es la Ley de Administración de Pasivos.
Sobre esa línea, señaló que “dependiendo de las condiciones del mercado”, se podrán emitir incluso hasta USD 1.200 millones, como ocurrió durante este año.
De acuerdo con La Ley de Administración de Pasivos, para cada ejercicio fiscal, el Poder Ejecutivo está “autorizado a realizar las emisiones para administración de deuda pública, hasta el límite del 40% de la suma del valor nominal de todos los títulos ya emitidos y en circulación”, y por encima del monto autorizado en la ley de Presupuesto General.
En el proyecto de PGN 2026 se observa que la colocación de bonos de la Tesorería General en el mercado interno podrá ser de G. 36.033 millones (USD 4,5 millones al tipo de cambio promedio para 2026), mientras que la emisión en el mercado internacional sería de G. 10,2 billones (USD 1.298,6 millones), lo que implica unos USD 1.303 millones en total.
El viceministro de Administración Financiera del MEF, Óscar Lovera, explicó a ÚH que hasta el momento solo esos USD 662 millones implican un nuevo endeudamiento para las inversiones y hacen que aumente el monto de la deuda, mientras que la diferencia corresponde al repago de la deuda pública.
“La diferencia se explica por la administración de pasivos (nuevas emisiones o endeudamiento que se utiliza para amortizar los vencimientos del 2026 y no incrementan el monto total de la deuda)”, aclaró. En otro momento, indicó que el servicio de la deuda sobre amortización aumentaría en aproximadamente USD 90 millones, mientras que el pago de intereses, en USD 79 millones.
18.929 millones de dólares es el monto del proyecto de PGN 2026 presentado por el MEF, 12% más que el 2025.
AFD, ANDE y BNF también podrán acceder a más endeudamientos
Si bien el foco principal recae sobre la deuda del Gobierno central, el proyecto también habilita a varias entidades descentralizadas a recurrir a financiamientos, iniciando con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que podrá realizar préstamos o emitir bonos por el equivalente a USD 312 millones. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por su parte, tendría un límite de hasta USD 190,3 millones para la colocación de bonos y el Banco Nacional de Fomento (BNF), alrededor de USD 63,4 millones para emitir en guaraníes y USD 200.000.000, en dólares, mientras que podrá realizar préstamos por hasta USD 100.000.000. Estas autorizaciones elevan el tope total de deuda del sector público, aunque con responsabilidades diferenciadas entre la Administración Central y las descentralizadas.
