El Ministerio de Hacienda manifestó su conformidad, en líneas generales, con el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 sancionado este jueves por el Congreso.
Tras participar de la presentación del informe sobre la situación financiera pública, el viceministro de Economía, Iván Haas, resaltó que si bien no recibieron aún la ley, los números que están viendo de forma extraoficial son manejables y se encuentran dentro del déficit del 3% del PIB que solicitó la cartera.
El secretario del Equipo Económico señaló que los informes dan cuenta que se habrían creado 1.011 cargos por encima de las previsiones iniciales y que el plan de gastos tendría un desfinanciamiento de USD 35 millones calzados con IVA e ISC, pero subrayó que eso puede ser administrado mediante el plan financiero, que consiste en un topeo a ciertos rubros. Descartó la posibilidad de un veto.
Además, consideró como positiva la reposición del 100% de los recursos al FEEI y al Fonacide para costear programas de educación, investigación, niñez y los Juegos Odesur. En principio, Diputados había recortado unos USD 35,8 millones a estos planes para constituir un fondo de contingencia.
Tretas. El subsecretario Haas, no obstante, recalcó que una vez recibida la ley sancionada, revisarán minuciosamente los detalles del articulado.
Apuntó que generalmente la parte dispositiva pasa desapercibida en las sesiones, pero contiene temas que pueden generar distorsiones. Evitó hablar en profundidad sobre este tema, aunque justamente dentro del articulado los legisladores se autoexcluyeron de cumplir con la Ley de la Función Pública y la Ley de Racionalización del Gasto, lo que les permitirá contratar operadores sin concurso y nombrar parientes y asesores sin restricciones.
Al Ejecutivo. Diputados, en una sesión extraordinaria realizada este jueves, decidió finalmente allanarse al PGN 2022 versión Senado y sancionó el proyecto de ley. El documento pasó ahora al Ejecutivo para su promulgación.
La legislación contempla un monto global de G. 96,78 billones (USD 13.842 millones); la reposición del 100% de los recursos FEEI y Fonacide; el aumento salarial para los jueces de paz; la creación de 1.011 cargos; y la utilización de deuda para financiar parte del gasto salarial en Salud.
Además de la eliminación de las prohibiciones para contratar y nombrar, el Congreso amplió en G. 20.000 los aportes a partidos políticos, en un año de elecciones internas; mantuvo los vales de combustible para cada diputado, por G. 3,5 millones al mes; y devolverá los aumentazos a su plantel (ver la infografía).
