Una fuerte crisis en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) va saliendo a la luz tras las investigaciones encabezadas por el director de Anticorrupción, José Casañas Levi, por supuestas irregularidades. Esta vez afecta a José Carlos Gorostiaga, esposo de la viceministra de Educación Básica, Nancy Ovelar.
Según reveló el propio Eduardo Petta, constataron que Gorostiaga, quien se desempeña como profesor del Colegio Técnico Nacional, cuenta con siete rubros docentes y además se desempeña como fiscalizador de uno de los lotes de obras del consorcio que lleva su mismo apellido, firma que fue contratada por la cartera de Educación.
Pese a que el funcionario no figura como representante legal de la firma, el titular del MEC sostuvo que la misma viceministra admitió que su marido se encuentra ligado a la empresa.
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“Yo le pregunte (a Nancy Ovelar) si era cierto y no negó. El vínculo documental no refiere nombres, pero ella me confirmó que sí. Cuando se confirmó, generó un malestar importante. La viceministra es una persona muy capaz, pero hay vínculo y amerita una investigación”, comentó a radio Monumental 1080 AM.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en su artículo 40 –De prohibiciones y limitaciones– refiere que los funcionarios o empleados que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, no podrán presentar propuestas, ni contratar con los organismos.
Petta explicó que se encuentran con problemas judiciales con el consorcio Ingser Gorostiaga XYZ debido a que habrían cobrado irregularmente un monto considerable antes de iniciar siquiera las obras que serían fiscalizadas.
El monto adjudicado a las siete firmas fiscalizadoras fue de USD 3.567.705 (G. 21.000 millones); sin embargo, al culminar el contrato solicitaron una adenda para seguir con el trabajo. En caso de seguir controlando las edificaciones, desean cobrar un 20% más sobre el contrato establecido
“Durante los primeros tres meses antes del inicio de obras ya se cobró parte del dinero. Al cumplirse un año termina el contrato, pero no se terminó la obra y solicitaron USD 800.000 más para seguir con las fiscalizaciones”, prosiguió el secretario de Estado.
Ante esta situación, la DNCP dictaminó que el consorcio debe terminar con lo establecido en el contrato, dado que no tiene vencimiento mensual. El caso, según detalló Petta, será elevado a un sumario administrativo para que el docente pueda defenderse.
El titular del MEC confesó además que esta investigación causó gran revuelo con Ovelar, quien supuestamente se habría comunicado molesta a reclamar a José Casañas Levi.
Al respecto, Eduardo Petta recalcó que no será selectivo con las denuncias que se realicen en la Dirección Anticorrupción de la institución.
