Petta considera que el término “amenaza” no se condice con lo que dijo y que desde el medio se trata de “instalar una imagen autoritaria y arbitraria” de su persona.
“En la mencionada reunión (...), ciertamente se ha conversado, entre otras cuestiones, sobre la situación respecto de la ‘desmatriculación’ de niños y adolescentes que se viene registrando, ante lo cual, en mi carácter de titular de la cartera y en mi rol de garante del derecho a la educación que me asigna la ley, sencillamente he recordado a los asistentes la vigencia de disposiciones constitucionales y legales que establecen derechos y obligaciones respecto de los menores de edad en el ámbito educativo, por lo que mal se podrían considerar mis expresiones como ‘amenazas’”, sostiene Eduardo Petta.
Hace alusión a la Constitución Nacional, que dispone en el art. 54, “De la protección al niño”, que: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente”. Defiende de este modo sus dichos ante los padres que por diferentes dificultades, tecnológicas o económicas plantean sacar a sus hijos de las escuelas.
Citando a la Carta Magna y otras normativas, enfatiza en que “la desmatriculación de los alumnos importaría la privación del derecho fundamental de acceso a la educación de estos, por lo que (lastimosamente), más allá de las consideraciones respecto de las razones por las cuales aquella se produce, el derecho del niño es prevaleciente, estando obligados a comunicar tal circunstancia, tanto si fuéramos civiles y, con más razón aún, educadores, docentes y autoridades responsables de la educación”.
