21 may. 2024

Petropar tiene un asesor por cada 18 funcionarios dentro de su plantel

Nómina oficial da cuenta de que la empresa pública tiene 32 asesores con jugosos salarios. Solo en marzo gastó G. 512,5 millones para cumplir con sueldos y gratificaciones extras de este grupo.

Derroche. Petropar es una de las entidades que más beneficios salariales pagan a su plantel.

Derroche. Petropar es una de las entidades que más beneficios salariales pagan a su plantel.

Petróleos Paraguayos (Petropar) es una de las entidades más generosas con el dinero público. Además de los múltiples beneficios que otorga cada año a su plantel, como subsidio familiar, ayuda vacacional o subvención por escolaridad, entre otros, esta empresa pública cuenta en la actualidad con 32 funcionarios que se desempeñan como asesores.

Pese a no tener funciones bien definidas, estas personas tienen salarios similares a los de jefes de departamento o directores. El promedio de ingresos, contando con todas las bonificaciones y gratificaciones, es de G. 16.106.000, con un piso de G. 9.820.860 y un techo de G. 24.117.170, según consta en su planilla oficial divulgada en su página web.

De acuerdo con ese documento, la petrolera estatal gastó solo en marzo G. 512,5 millones (USD 77.070 al cambio actual) para cumplir con las remuneraciones de este selecto grupo.

Si se tiene en cuenta que la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) le asignó 717 cargos dentro de su anexo de personal, pero en la actualidad 117 están vacantes, se puede deducir que Petropar tiene un asesor por cada 18 funcionarios dentro de su plantel.

JUGOSOS BENEFICIOS. Pese a la creciente crisis sanitaria y las apretadas finanzas públicas, Petropar no paró de repartir en los últimos meses generosos beneficios a su plantel, situación que hizo que la mayoría de sus funcionarios hayan podido duplicar, triplicar, cuadruplicar y hasta quintuplicar sus ingresos.

En su planilla remunerativa de marzo se pueden apreciar casos, al menos, polémicos.

Es así que salta el caso de un guardia que tiene un sueldo base de G. 3.299.000; sin embargo, llegó a cobrar G. 17.799.104 en marzo, cinco veces más. Este funcionario, quien no posee título universitario, percibió cuatro gratificaciones y dos bonificaciones, cobrando solo por ayuda escolar G. 8.771.356 y por antigüedad G. 2.521.766.

Además, cobró otros G. 1.206.060 por peligrosidad, G. 700.000 por gestión presupuestaria, G. 725.514 por horas adicionales y G. 575.408 por horas extras.

Otros casos peculiares involucran a dos funcionarias que se desempeñan como secretarias. Ambas tienen un sueldo base de G. 4.858.400, pero con los diferentes beneficios que reciben llegaron a cobrar G. 14.307.436 y G. 13.156.200 en marzo, respectivamente. Lo llamativo es que ambas recibieron hasta pagos por peligrosidad, pese a tener una función administrativa.

Pero, además de Petropar, son varias las instituciones que realizaron pagos extras a sus funcionarios en plena pandemia, mientras que el Estado tiene que recurrir a préstamos para financiar la compra de medicamentos, las medidas de asistencia económica y las obras públicas. Entre enero del 2020 y marzo del 2021, la deuda pública ya creció USD 4.187 millones.

Los casos empezaron a saltar tras el pago del subsidio familiar que hizo el Ministerio de Hacienda a sus funcionarios, gastando G. 3.300 millones, lo que generó la ira del sector privado. También concretaron acreditaciones adicionales el BCP, BNF, Seprelad, Aduanas, ANDE, Trabajo, Essap y Copaco, entre otros.

Gasto salarial crece, pero no hay dinero para obras
El gasto salarial creció en casi G. 100.000 millones en lo que va del año y se llevó, entre enero y abril, el 72% de todos los ingresos en concepto del cobro de impuestos, según los datos oficiales.
Mientras los sueldos del plantel público no pararon de aumentar ni en pandemia, el MOPC anunció días pasados que frenará varios proyectos de obras públicas porque los recursos serán redireccionados a Salud Pública, lo que podría impactar directamente en la reactivación y en el empleo de miles de obreros.
En ese sentido, gremios como la UIP manifestaron en estos días pidiendo al Gobierno que se recorten las gratificaciones y no las inversiones.

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