ÚH intentó ponerse en contacto con el titular de la petrolera estatal al número con terminación 033, pero no obtuvo respuestas a mensajes ni llamados.
Lo último que se sabe del caso es que el 30 de mayo, la representante de la empresa presentó una propuesta de pago por solo USD 150.000 en concepto de póliza. Esto iba a ejecutarse en 10 cuotas de USD 15.000 para poner fin al juicio en curso tras la demanda de la empresa pública que lleva adelante ante el Juzgado Civil y Comercial de la capital desde febrero pasado.
La demanda de la petrolera establecía el cumplimiento de un pago de USD 1,5 millones por la garantía de mantenimiento de la oferta de la fallida compra de gasoil.
El juez a cargo del caso es Arnaldo Martínez.
Contexto. En octubre del año pasado fue noticia que la empresa pública recurriera a un atípico proveedor con el objetivo de “sostener los precios bajos de los combustibles”.
Petróleos Paraguayos adjudicó la compra de gasoil a la empresa AP Sociedad Anónima, vinculada con la deportista y empresaria Andrea Lafarja Bittar, por un monto máximo de USD 51,5 millones.
El hecho de que la empresa no cuente con experiencia en el rubro y el millonario monto del contrato generaron cuestionamientos. Por su parte, desde la estatal aseguran que todo el proceso se enmarcó en la legalidad y destacaron que se trató de una compra ventajosa.
No obstante, ese mismo mes, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó a la empresa pública suspender la compra tras la apertura de una investigación de oficio.
La recomendación se produjo como medida de prudencia administrativa, por lo que Petropar debía suspender la continuidad del procedimiento de contratación hasta tanto se resuelva la investigación de oficio.
Rescisión. A finales de octubre, la empresa pública anunció la rescisión del contrato, en medio de una serie de publicaciones periodísticas que revelaban irregularidades en el proceso.
El argumento de Petropar fue que el proveedor AP SA no presentó “la garantía de fiel cumplimiento de dicho contrato”. Esto fue dado a conocer mediante un comunicado publicado por la empresa pública en sus diversas redes sociales.
“Es importante señalar que la rescisión no representa ninguna pérdida para la empresa estatal. Asimismo, es transcendental resaltar que este hecho no afecta el abastecimiento, puesto que el mismo está asegurado gracias a otras compras que ha realizado Petropar aprovechando ofertas del mercado”, rezaba parte del comunicado.
JUDICIALIZACIÓN. A fines de diciembre, Petropar judicializó el caso para el cobro de USD 1,5 millones tras la rescisión.
“Se hizo una intimación dentro de los plazos, al cumplirse estos plazos legales se resolvió rescindir el contrato y se iniciaron los trámites para cumplir con el proceso”, dijo Jara en su momento.
