El pedido lo hizo el propio presidente de la Bicameral, senador Dionisio Amarilla. El plazo para la confección y entrega de un informe final al Congreso llega a su fin.
Desde la oposición sostienen que el principal objetivo aparente es indagar a las ONG con un fin persecutorio.
La Cámara de Diputados tratará el pedido el próximo martes en sesión ordinaria.
Una aplanadora oficialista, sumada a liberocartistas, y José Pakova Ledesma, del bloque opositor, lograron 21 votos, que fueron suficientes para dar más plazo a la cuestionada comisión, que tenía una vigencia de dos meses.
Uno de los miembros de la CBI, Colym Soroka, votó en contra, junto con la disidencia y la bancada democrática.
Según Dionisio, a quien el titular del Congreso, Basilio Núñez concedió la posibilidad de presidir la sesión, el plazo se hace necesario para seguir colectando información, y finalmente presentar la información al pleno.
El pedido fue ampliamente criticado porque no contaba con dictamen, por lo que el cartismo impuso su mayoría para que la Cámara se constituya como tal.
Tras el dictamen, se pasó al debate sobre conceder o no la prórroga. La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, reparó sobre la solicitud de prórroga, y dijo que esta decisión solo se fundamenta en casos excepcionales.
Trajo a colación una instancia similar, instalada en el período anterior, y liderada por el ex senador Jorge Querey, a la que sí se le otorgó la ampliación del plazo, porque la información colectada se había “hackeado”.
Sostuvo que la citada comisión “sí produjo un informe claro, concreto y con mucha información que ha sido filtrada, y que hoy obra en la web del Senado”.
La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, advirtió que la CBI cumple un rol de persecución por parte del oficialismo.
“Es parte de un discurso político vacío, de guerra, de odio contra un sector por no haber comulgado con el oficialismo, y por haber hecho una propaganda de ANR nunca más’”, sentenció.
El progresista Rafael Filizzola inició su crítica, a la vigencia de la comisión, señalando como mentira que las organizaciones no gubernamentales financiaron a la oposición.
“¿Qué organización fue la que financió?, ninguna organización mencionada; ¿cuáles fueron las organizaciones políticas? Ningún sospechoso mencionaron”, increpó.
Desafió a la comisión que se “anime” a allanar a la Corte, al TSJE, incluso al Despacho de la Primera Dama, con cuyos organismos trabajan las organizaciones “investigadas”, vía cooperación internacional. Ignacio Iramain también se sumó a la crítica tildando el informe de la Comisión de “ineficaz e ineficiente”.
