De acuerdo con los datos oficiales, el Tesoro Nacional desembolsó al cierre de mayo G. 4.204 millones (USD 576.000), en 13 diferentes procedimientos de facturación. El monto mínimo acreditado fue de G. 9,4 millones y el máximo de G. 873,6 millones.
Este es el monto líquido que recibió la empresa que resultó ganadora en la licitación cerrada a inicios de año, ya que no incluye las retenciones tributarias por IVA y Renta, así como las retenciones administrativas que se asignan al ente regulador de las compras estatales.
Estos pagos se hicieron desoyendo el consejo hecho por el director de la DNCP, Pablo Seitz. Es que, en la Resolución 1364/23 que determinó la apertura de una segunda investigación a la contratación del seguro médico, el alto funcionario sugirió a Hacienda que “como medida de prudencia administrativa suspenda la continuidad del procedimiento licitatorio o de la ejecución contractual”.
En el citado expediente, Seitz recuerda que si se sigue ejecutando un contrato que luego puede ser anulado por irregularidades, será exclusiva responsabilidad de la entidad convocante.
ANTECEDENTES. El llamado para la prestación del seguro médico en el Ministerio de Hacienda se vio envuelto en polémica desde el inicio.
Tras la adjudicación inicial, la empresa Santa Clara había presentado protesta a inicios de año ante la DNCP. El ente regulador resolvió luego anular la licitación y ordenó a Hacienda iniciar una reevaluación de todo el proceso.
Los cuestionamientos a ese llamado señalaban que, con cambios en el pliego de bases y condiciones con relación a años anteriores, bajando el nivel de experiencia y solvencia para demostrar la capacidad de prestación de servicio, se pudo adjudicar al Consorcio Salud SD.
Tras varios pedidos de prórroga, a mediados de abril, la cartera fiscal resolvió finalmente confirmar la adjudicación inicial, por valor de G. 61.972 millones (USD 8,5 millones), lo que motivó una nueva protesta de Santa Clara que la DNCP sigue sin resolver. En su ratificación, Hacienda argumentó que todas sus acciones y decisiones estuvieron amparadas en las normativas vigentes que rigen la materia, al tiempo de reafirmar también la transparencia de todo el proceso de adjudicación y contratación.
En medio de esto, se conoció la semana pasada el Dictamen 14/2023 de la Contraloría. La entidad también se ratificó en su decisión inicial de sugerir la cancelación de la convocatoria por varias irregularidades en el proceso, bajo la sospecha principal de un posible direccionamiento, pero Hacienda afirmó que no cortará el servicio hasta tanto se expida la DNCP.
Si bien la Contraloría no tiene la atribución de cancelar el llamado, este dictamen puede ser agregado al nuevo proceso que abrió la DNCP, entidad que sí puede anular la adjudicación. Se espera que el ente regulador de las compras se pronuncie en los próximos días.
