El proyecto de Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones tiene detractores y defensores, pero los primeros son mayoritarios, en el sentido de no haberse socializado lo suficiente la intención de constituir un ente de regulación del complejo sistema previsional. Así lo establecieron referentes y entendidos del sector en el programa Políticamente Yncorrecto, conducido por Luis Bareiro.
Pedro Halley, ex gerente de prestaciones Económicas del IPS, esgrimió que el Banco Central del Paraguay (BCP) no puede monitorear como organismo de control, ya que no está entre sus atribuciones realizar un ejercicio sobre cajas previsionales, sino tan solo cuidar la emisión monetaria, la estabilidad del sistema financiero, intervenir en la formulación de la política cambiaria y crediticia.
“Su carta orgánica no le asigna atribuciones para gestionar o administrar actos de disposición respecto del sistema previsional. Supervisar esas áreas señaladas anteriormente es diferente a supervisar en el sistema de pensiones”, aseguró.
Además, recordó que el Instituto de Previsión Social (IPS), la columna vertebral del sistema previsional, no fue consultado y que el proyecto de Ley se detuvo por presión de sectores que quisieron más detalles al respecto.
Halley agregó que hay discrepancia entre la exposición de motivos del proyecto respecto de su parte dispositiva. Agregó que se derogaría el artículo 27, segundo párrafo, de la carta orgánica del IPS, que prohíbe prestar dinero al Estado.
administración. Por su parte, Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, refirió que la eventual Superintendencia también administraría recursos de las cajas, lo que es peligroso.
“El artículo 39 del proyecto de ley cercena la posibilidad de que el IPS pueda administrar sus propios fondos. El 38 permitirá modificar toda disposición que colisione con la Superintendencia; es decir, que sus reglamentos podrán modificar leyes”, resumió.
Mientras que el artículo 28 habla de que ni el superintendente ni los interventores pueden ser llevados a juicio durante su mandato, con lo que se lograría cinco años de impunidad, a su criterio.
Al tiempo de aclarar que no está en contra de un órgano supervisor, manifestó que se deben debatir y mejorar las propuestas, y que se encuentra completamente abierto a escuchar sugerencias; alertando a que el Ejecutivo no puede tomar fondos previsionales para cubrir déficit corriente o calzar el déficit fiscal, tal como podría ocurrir así como está escrito el tenor del proyecto.
Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas del IPS, si bien no se mostró en contra del proyecto, ya que la entidad aún no recibió oficialmente el mismo, expuso la realidad de los activos y pasivos del IPS, y abogó por un organismo de control que sea coherente. “IPS no tiene postura institucional aún, porque no le llegó el proyecto”, expresó.
“El IPS tiene hoy más de USD 2.300 millones en reservas, que están dentro del sistema financiero, gran parte en instrumentos y un 15% en préstamos a trabajadores y jubilados. Otros activos por más de USD 1.000 millones en inmuebles, la mayoría improductivos, porque no se pueden vender”, sostuvo.
La funcionaria abogó hacia las reformas para un espectro muy fragmentado y sin mucho control, y que sea un verdadero sistema (el previsional) donde se establezcan beneficios y parámetros uniformes, siendo esto factible con la creación de un ente que no solo cuide lo financiero, sino también los aspectos de cobertura y suficiencia.
“No se digitarán inversiones”
Juan José Galeano, director de Estudios Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas, defendió el proyecto en cuestión, asegurando que no habrá involucramiento sobre las inversiones, pero que se brindará un marco para asegurar que las inversiones no sean riesgosas.
“Existen cerca de USD 3.900 millones de patrimonios en las Cajas jubilatorias, y unos USD 3.400 millones en inversiones que tienen esas Cajas en diferentes instrumentos. Es necesario supervisar eso, dado que la concentración de inversiones es riesgosa para la economía”, afirmó.
Aseguró también que el objetivo de la futura normativa no es inmiscuirse en la operativa, las leyes, los estatutos de las Cajas, sino establecer parámetros para las condiciones de inversión de recursos.
El funcionario recordó que el Estado, de todas maneras, es garante en última instancia, si no se cumplen las prestaciones, y que cualquier consecuencia siempre recaerá en el Estado. Agregó que muchas inversiones están concentradas en CDA y en préstamos a los afiliados, en cuanto al IPS.
Respecto del tenor de algunas partes del articulado, aclaró que se trata de una iniciativa parlamentaria, que está mereciendo la revisión interna y control de cada artículo “con lupa”.
