Uno de los mecanismos de control social más eficiente es aquel que determina que una acción humana tenga un costo personal, familiar y social.
Los japoneses lo llevan al extremo porque cuando cometen un acto contrario a la norma o a la ética terminan haciéndose el harakiri en el ánimo de limpiar su nombre o apellido para futuras generaciones.
En Paraguay hemos venido perdiendo la vergüenza de manera acelerada y lo peor: sin costos para nadie. Lo peor es que quienes por conocimiento, estudio o capacidad debieran ser los primeros en cuidar su honra y reputación, resultan ser los más inconscientes de las investiduras o cargos que circunstancialmente ostentan.
Así, casi ninguna institución de la democracia está exenta de este tipo de personajes que acaban desanimando a la gente y destruyendo la débil institucionalidad que hemos podido levantar.
Las sociedades emergen en relación y proporción del comportamiento de sus ciudadanos. Incluso aquellos descubiertos en circunstancias delictivas terminan reconociendo sus faltas y, en consecuencia, intentan resguardar la institución. Es famosa aquella frase de Richard Nixon, camino al juicio político por el caso Watergate, que afirma: “Renuncio a la institución más querida y respetada de la sociedad: La presidencia de los EEUU de la que soy solo un inquilino transitorio y lo hago por resguardarla y protegerla”.
Ese cuáquero republicano tenía conciencia de lo que había hecho y asumía sus consecuencias. Aquí no. Un ministro de la Corte Suprema, como Víctor Núñez, en connivencia y complicidad con un intendente de Asunción —Enrique Riera— y un coronel, de apellido Ramírez, buscaron con nocturnidad y alevosía ¡plata yvyguy en el Parque Caballero! ¿Dónde se ha visto tamaña insolencia a la investidura que ostentaban en ese momento? A los tres ni les inmutó el escándalo y hoy, Núñez continúa en el cargo, Riera es el presidente del Consejo de la Magistratura, que elige a jueces y fiscales, y el militar aquel probablemente alcanzó el rango más alto.
Este es el problema del país. No hay vergüenza del daño que se hace a las instituciones y consecuentemente el camino al delito está completamente allanado.
Dicen que en nuestro país que alguien que comete un crimen, cualquiera sea su tamaño, tiene solo un 5% de posibilidad de ser procesado y 1% de ser condenado.
En la economía del crimen que hablaba el Nobel Gary Becker, el problema no está en la dureza del castigo, sino en la certeza de la impunidad que rodea a un acto delictivo.
Si se sabe que alguien tiene un 99% de zafar del castigo, cometerá un crimen porque los costos son notablemente bajos.
Los Acosta en Ypehú, además de no tener conciencia de sus acciones, estaban absolutamente seguros de que no serían perseguidos por sus acciones, como bien lo dijo el propio jefe policial cuando afirmó cándidamente: “Recién ahora vamos a actuar tranquilos porque ellos ya se fueron”.
Escaso respeto institucional, nulo valor de las investiduras, ausencia de recato y una osadía rayana en el insulto, han convertido a la sociedad paraguaya y a sus instituciones en espacios de tolerancia a los desvergonzados y los criminales.
Hasta aquí hemos llegado por todo lo anteriormente expuesto y porque quienes deberían cuidar la República fueron los primeros que perdiendo la vergüenza están forzando al pueblo a que le pierdan el respeto.
