Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), analizó el impacto de los nuevos decretos 5.860 y 5.861, emitidos por el Poder Ejecutivo. Según el funcionario, estos ajustes normativos están diseñados para fortalecer la posición financiera de la estatal y garantizar que el sistema eléctrico nacional no se vea comprometido por el desembarco de industrias electrointensivas.
Uno de los puntos claves de la reforma es la equiparación de la tarifa para industrias convergentes con la de las empresas de criptominería. Sosa explicó a ÚH que este ajuste permitirá a la ANDE obtener los ingresos necesarios para reinvertir en infraestructura de generación. Además, se ha incluido una cláusula que permite la actualización de tarifas basadas en indicadores económicos, blindando a la institución ante posibles fluctuaciones financieras.
Respecto al Decreto 5.861, que regula la producción de hidrógeno verde, Sosa destacó la imposición de un límite de potencia de 250 MW. Considerando que la demanda máxima de Paraguay ronda los 5.752 MW, esta reserva representa apenas el 4,3% del consumo total.
“Esta limitación busca incentivar la producción de hidrógeno verde sin afectar la disponibilidad para el resto de los usuarios”, señaló Sosa, expresando su optimismo de que Paraguay se convierta en el primer productor a gran escala de este recurso en la región.
Ante la preocupación ciudadana sobre una posible crisis por el alto consumo de estas empresas, el titular de la ANDE reafirmó que la seguridad energética no está en riesgo. Al mismo tiempo, resaltó que se realizan las gestiones para avanzar en la generación de más potencia.
“Con o sin estos decretos, nosotros tenemos un plan de generación que se actualiza cada dos años”, afirmó el presidente de la ANDE. Asimismo, el funcionario aclaró que las empresas electrointensivas tendrán una potencia garantizada por contrato; en caso de que sus necesidades excedan dicho volumen, las firmas deberán optar por la autogeneración.
Desde el Gobierno aseguran que Paraguay tiene potencial para convertirse en un hub regional de IA. Buscan atraer USD 4.000 millones en inversiones y que un GW equivaldría a entre USD 40.000 y 50.000 millones, monto similar al PIB actual.
Las medidas que fueron impulsadas desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), como estrategia para atraer inversiones, reciben una serie de cuestionamientos por parte de referentes del sector político y energético. Las principales críticas son respecto a una tarifa subsidiada para empresas sin alto impacto en la generación de empleos y el perjuicio económico que supondría para las finanzas de la ANDE.
Organizaciones exigen la derogación
Organizaciones civiles y movimientos sociales lanzaron una dura advertencia contra el Poder Ejecutivo tras la firma de los decretos 5.860 y 5.861.
Según el comunicado emitido por las campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es Soberanía, estas normativas representan un “atropello al patrimonio nacional” al entregar energía hidroeléctrica a empresas transnacionales bajo condiciones desfavorables para el país. La denuncia principal se centra en el costo de venta de la energía.
Mientras que la Carta Orgánica de la ANDE estipula que la tarifa debería rondar los USD 85 MWh, pero se proyecta un costo de USD 50 MWh. Para los denunciantes, los nuevos decretos son apenas un “maquillaje” de normativas derogadas anteriormente (5.306 y 5.307) y no fomentan el desarrollo industrial como plantea el Gobierno.
