Recordaron que el presidente de la República, Santiago Peña, vetó dos importantísimos proyectos de ley que buscaban transparentar la gestión de los diferentes órganos del Estado, que sí están obligados a rendir cuentas por manejar dinero público.
Por un lado, a fines de diciembre del año pasado, y con mucho sigilo, Peña vetó el proyecto que eliminaba la facultad del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos de las instituciones que accionaron ante la Corte Suprema para no rendir cuentas a la Contraloría General de la República (CGR).
La ley arreglaba esta situación y establecía que la Contraloría sea la única que pueda recibir la rendición de cuentas, ya que el Tribunal fue utilizado siempre como una forma de blanqueo para la misma Corte, la Fiscalía, la Justicia Electoral, gobernaciones y municipalidades, entre otros.
Por otro lado, en mayo de este año, Peña también vetó el proyecto de ley que mejoraba dos artículos de la “Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”.
El argumento, en ese entonces, fue que supuestamente uno de los incisos del artículo 10 de la ley era inconstitucional porque violaba el derecho a la intimidad y colisionaba con el secreto estadístico del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En ambos casos, la mayoría cartista parlamentaria que aprobó en principio los dos proyectos de ley, terminó aceptando el criterio del Poder Ejecutivo.
