El 27 de octubre pasado el mandatario se reunía en Mburuvicha Róga con autoridades brasileñas, como el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, un actor de confianza del presidente Lula da Silva, con quien Peña tiene muy buena relación.
En esa ocasión, se firmó un acuerdo al que se denominó Compromiso de Asunción contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos entre Paraguay y Brasil, y Peña comunicó la decisión de parar la compra de armas con la finalidad de contrarrestar el crimen fronterizo con Brasil. Esta nueva línea dentro de la política criminal es una reacción al avance de organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho y la crisis penitenciaria que explotó con la toma de la cárcel de Tacumbú, que tuvo al clan Rotela como protagonista.
“Quienes forman parte del Consejo Nacional de Defensa saben que mi posición ha sido muy dura sobre la importación de armas en el Paraguay. He pedido que se suspenda la importación de armas porque es uno de los grandes flagelos que golpean al Paraguay, a la frontera y a la hermana nación de Brasil”, manifestó Peña en Mburuvicha Róga.
Por su parte, Dino comentó que se buscaba expandir el campo de acción en la lucha contra el crimen organizado.
“Tenemos metas y celebramos un compromiso de principios y esa es nuestra base, pero estamos simultáneamente construyendo las paredes de ese edificio institucional como el comando tripartito entre Paraguay, Brasil y Argentina, al tiempo de buscar la dinamización del comando bipartito con Paraguay, que cubre actualmente acciones en Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, con decisión declarada de expandir ese comando a otros puntos de la frontera”, expresó.
También estuvo el ministro del Interior, Enrique Riera, quien reconoció que las bandas criminales ya son como una multinacional y que hay una urgencia de dar una respuesta desde el Estado.
Comentó que en este acuerdo se involucran más de siete instituciones nacionales y brasileñas. “Hoy ya son una multinacional del crimen”, sentenció.
Peña firmó el 3 de noviembre el decreto por el cual el Poder Ejecutivo autorizó a la Dirección de Material Bélico (Dimabel) la suspensión temporal de las importaciones de armas de fuego y municiones en cualquiera de sus calibres.
La Policía Federal de Brasil informó que el negocio del tráfico de armas movió casi USD 240 millones en los últimos tres años.
