El diputado disidente Roberto González se despachó contra la mayoría que sostiene a intendentes denunciados por corrupción y cuyos pedidos de intervención fueron cajoneados y varios volverán a postularse, como el caso de Hernán Ysidro Rivas, intendente de la ciudad de Tomás Romero Pereira y padre del senador Hernán Rivas, sobreseído en el caso de supuesto título falso de abogado.
El legislador de la disidencia consideró que la Cámara y, en particular, la “mayoría” se ha convertido en sostén de intendentes salpicados con hechos de corrupción. “Si nos detenemos en un corto periodo histórico, esta Cámara se ha convertido en amparo y reparo de, probablemente, algunos averiados y sospechados de corrupción en la administración de la cosa pública. Y este es un tema que permea la capa más sensible de nuestra imagen como referentes nacionales”, expresó.
Dijo que existe una posición política en favor del blindaje de intendentes, cuyos casos incluso exceden en años al proceso natural que deberían tomar, ya que algunos datan de 2024, y desde finales del año pasado, dichos procesos fueron enviados al freezer por el oficialismo colorado en complicidad con una mayoría opositora integrada preferentemente por liberales.
“Duele e indigna cómo la mayoría decide blindar a intendentes de nuestro partido y de otros partidos con alguna afinidad medio rara, pero con afinidad al fin. Todos denunciados por sus Juntas Municipales, por eso debemos dejar de mentirnos porque cada vez que archivamos un pedido de intervención a un intendente sospechado, no estamos cuidando al partido, sino lo arrastramos al fango”, cuestionó.
Los intendentes cuyas juntas municipales aprobaron los pedidos de intervención por supuestos actos de corrupción son: Hernán Rivas (ANR), intendente de Tomás Romero Pereira; Tomás Olmedo (ANR), intendente de Ñemby; así también el intendente Vidal Argüello (PLRA) de Yby Yaú; el intendente César Machuca (ANR), del Municipio de Ybyrarobaná; el intendente Silvio Peña (PLRA), de Emboscada, y el intendente del municipio de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel (Alianza Mallorquina). Así también del intendente de Lima, Juan Manuel Ávalos.
Las denuncias que recaen sobre Rivas señalan un perjuicio que asciende a G. 2.000 millones, correspondientes a royalties, mientras que alrededor de G. 7.000 millones corresponden a recursos genuinos.
Algunas obras de infraestructura que fueron licitadas se hicieron supuestamente con máquinas del MOPC y, aún así, los costos no variaron en beneficio de la Comuna, según advirtieron en reiteradas ocasiones los miembros de la Junta.
