El temor del Gobierno es que la situación se les escape de las manos y que el descontento ahonde la crisis en las calles ante estudiantes que toman conciencia política de la realidad social que golpea.
Hubo mala gestión de crisis. El último error fue la presencia de Federico Mora, presidente del Cones, y Luis Ramírez, ministro del Educación, en el Campus de la UNA, de donde fueron echados.
El Gobierno sostiene que la gratuidad está garantizada, pero no especifica cómo se tendrá disponibilidad. Añade que están abiertos al diálogo.
Un día antes, se reunieron con representantes de diferentes facultades, como Derecho, que no forman parte de los manifestantes, por lo que el encuentro para un intento de acuerdo no fue validado y terminó enervando los ánimos. Soberbia política. Además, hubo respuestas provocadoras a los reclamos estudiantiles por parte de autoridades oficialistas. Entre las primeras, las declaraciones de Basilio Bachi Núñez desacreditando las manifestaciones. “Cero posibilidades de derogación (a la Ley de Hambre Cero) porque es una ínfima cantidad de estudiantes”, expresó el senador cartista.
También el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, hizo un comentario ofensivo hacia los universitarios, diciendo que no hay que ser como los estudiantes de la UNA y no comprender los efectos positivos de la estabilidad macroeconómica en la economía de la gente de a pie.
Finalmente, Federico Mora dio a entender que los estudiantes estaban siendo manipulados por sectores políticos, desacreditando la preocupación genuina por la falta de garantías para el arancel cero.
FACTOR OPOSICIÓN. Varios referentes, como la diputada Johanna Ortega, el diputado Raúl Benítez y la senadora Esperanza Martínez, se acercaron a los manifestantes para darles su apoyo, en su reclamo a la derogación de la Ley de Hambre Cero, que es la que elimina el Fonacide y destina todos los fondos a la alimentación escolar.
También hay propuestas de aprobar otra ley que crea un fondo exclusivo para el arancel cero, que presentó el diputado Hugo Meza, aunque Peña estuvo en desacuerdo.
Por otro lado, el presidente Santiago Peña comentó que recibieron una propuesta de los estudiantes que fue aprobada y luego de esa reunión, los que participaron llevaron la tarea de socializar con los manifestantes.
Igualmente, Peña también puso en duda la motivación de la movilización. Indicó que es posible que haya intereses entre ellos y lanzó que están próximas las elecciones de autoridades de la UNA.
“Encontramos sectores que repiten que se derogue la Ley Hambre Cero cuando es la que establece un artículo a pedido de asambleístas para que se asegure el financiamiento del arancel. La ley anterior no daba seguridad porque dependía de la venta de energía”, señaló.
URUGUAY. En medio de esta crisis, Peña viaja a Punta del Este, Uruguay, para participar del Latin Annual Meeting 2024, un día después de la visita de Luis Lacalle Pou en Asunción.
La baja recaudación no da garantías, afirman
La economista Alhelí González Cáceres, directora de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy), explicó que hay dos factores para dudar de la garantía de la que habla el gobierno para cubrir el arancel cero en las universidades. El primero es que el Estado tiene una bajísima recaudación y segundo, que Paraguay es el país con menos inversión extranjera.
González indicó que solo el 34% del total del presupuesto 2024 se cubre con Fuente 10, que son recursos genuinos del Estado, como tributos, ingresos de empresas públicas. Pero el 50% de ese presupuesto se financia con Fuente 30, que son fondos institucionales, que implican arancelamiento de servicios, endeudamiento entre instituciones, venta de activos.
Con este esquema presupuestario, ya casi no queda margen para contar con disponibilidad, atendiendo a que el gobierno promete que el arancel cero se cubrirá con Fuente 10.
Sin embargo, el Estado recauda poco, por lo que no hay garantía de que cuente con los fondos. En 2023, se recaudó solo USD 4.400 millones de los USD 15.000 millones que se necesitan, precisó la economista, al referirse a una quiebra técnica en términos prácticos.
Recordó el alto nivel de evasión fiscal, que ronda entre el 20% y 30%, según Tributación, además del malgasto público y otras debilidades institucionales que impactan en la economía al impedir que Paraguay llegue al grado de inversión. El país no atrae inversiones y es una preocupación del mismo gobierno.
González apuntó que el 12% del presupuesto está destinado al pago de servicios de la deuda, que es uno de los principales motivos por los que la fuente 10, en un presupuesto ajustado, no puede ser una promesa. Esos fondos no están disponibles porque son proyecciones de ingresos que se pueden obtener.
“No es una caja de seguridad donde hay millones que el Estado puede manotear”, expresó.
La economista sumó otro escenario en su análisis al mencionar la proximidad de las elecciones municipales.
“El oficialismo necesita movilizar a su masa clientelar y prebendaria, para garantizar su permanencia en el poder, y eso se explica en la creación de un fondo manejado por Tadeo Rojas, tesorero de la ANR, y Ocaci, que tiene influencia del senador Bachi Núñez”, expresó.
Consideró que las limitaciones en el financiamiento que tiene el cartismo se deben a las sanciones de Estados Unidos a sus empresas, que afectan la liquidez, por lo que es posible que necesiten recursos.
La analista apuntó a las jubilaciones, en torno a los fondos del IPS, y recursos de la renta eléctrica, que son los royalties y las compensaciones.
“Hambre Cero es una ley que blinda el saqueo. Porque lo que se hace es saquear los recursos genuinos de toda la sociedad paraguaya”, cuestionó.
Finalmente, indicó que la renta eléctrica es fundamental para el desarrollo y destinarlo al Fonae para que sea manejado por cuestionados, no será positivo.
Los 400 millones de dólares de royalties y compensaciones corren riesgo, según mencionó la economista.
