El Decreto Nº 6225 oficializa el reajuste del salario mínimo y lo deja en G. 3.044.000, mientras que el jornal básico subió a G. 117.077. A diferencia del año pasado, el documento es más extenso debido a las explicaciones que justifican montos que no responden a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que emite el Banco Central del Paraguay.
El texto defiende sobre todo el artículo 255 del Código del Trabajo modificado por la Ley Nº 5764, que faculta al Poder Ejecutivo a “efectuar la consideración” del reajuste propuesta por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).
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A diferencia del año pasado, Conasam habló de la necesidad de un incremento salarial equilibrado sin recomendar un reajuste específico “para que el Poder Ejecutivo establezca la decisión final, conforme a sus atribuciones legales”.
Sin embargo, el presidente tuvo en cuenta el acta de Conasam, en la cual admite que los parámetros del IPC son prácticamente insuficientes para determinar el nuevo salario mínimo.
“Las evidencias analizadas reflejan un comportamiento desigual en la evolución de los ingresos reales entre los distintos sectores económicos, así como una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo y de aquellos cuyos ingresos se encuentran próximos a dicho umbral, por lo que en consecuencia todo ello, recomienda un ajuste orientado a promover una recuperación efectiva del poder adquisitivo y una mejora real de las condiciones de ingreso de los trabajadores”, es el argumento que rescató Peña para respaldar su decisión.
El Ministerio de Trabajo deberá reglamentar los salarios mínimos de actividades especificadas.
Enrique Duarte, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), y Luis Tavella, presidente de la Federación de Mipymes (Fedemipymes), expresaron su preocupación debido a que consideran que se está incumpliendo con la normativa vigente. Defienden que el reajuste debe responder únicamente al análisis del IPC.
