Con la formalidad del decreto presidencial, se hace firme la decisión del Gobierno de Santiago Peña de avanzar hacia un proceso de militarización en todo el país.
El documento “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”.
La normativa se sustenta en una nota remitida por el ministro del Consejo de Defensa Nacional (Codena), Cíbar Benítez Cáceres, que señala que los informes de inteligencia y otros hechos que se conocen internamente, confirman la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en varios departamentos de la Región Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos, que aprovechan que en esta zona no exista trabajo conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
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El decreto indica, igualmente, que las organizaciones criminales locales y transnacionales, narcotráfico y otros de alto riesgo. “Están aprovechando los flancos abiertos en el territorio nacional para poder realizar sus bases operativas, de logística y de estrategia, lo que genera una situación que refuerza a dichas organizaciones delictivas y pone a la ciudadanía en permanente peligro”, consideraron en el documento.
El ámbito de incursión de militares en seguridad interna incluye ríos fronterizos, nacionales e internos.
Finalmente, el decreto autoriza al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a ejecutar la orden presidencial.
