Estigarribia mencionó que estos casos de nepotismo violan la Constitución Nacional, en sus artículos 47 y 101 y los artículos 2 y 3 de la ley que prohíbe el nepotismo, explica. “El impacto en la ciudadanía es enorme, indigna, porque al ciudadano común le cuesta mucho sobrevivir, porque no tiene igualdad de oportunidades para concursar y acceder a la función pública”, resaltó.
Peña, sin embargo, trató de justificar lo que realizan los legisladores de su partido, señalando que se trata de un problema moral.
“Las leyes de nepotismo y tráfico están establecidas. Yo creo que no hay incumplimiento de ley, creo que hay un problema ético y moral”, respondió Peña al ser consultado.
Este sostuvo que la situación se puede corregir con la ley de servicio civil en un intento por lograr la aceptación de su proyecto. El presidente trató de no cuestionar los casos diciendo que “no hay una ley y no hay reglas claras”.
“La ética y la moral lastimosamente chocan muchas veces con la aplicación de nuestras leyes y cuando no hay leyes, nosotros queremos aplicar criterios que son subjetivos, que capaz lo que es moralmente correcto para vos, no necesariamente sea moralmente correcto para todas las demás personas”, indicó también para defender a sus correligionarios.
“Violan la ley nombrando a parientes, se burlan del pueblo alevosamente, ahora ponen excusas, hablando de moral, y queriendo justificarse con proyecto de ley ‘distractor’ ante avalancha de críticas y malestar ciudadano por nepotismo desembozado, mintiendo descaradamente”, opinó Estigarribia.
El abogado precisó que el tráfico de influencias es otro delito tipificado que debe ser investigado como un hecho delictivo con pena de cárcel.
“Ovelar hizo uso indebido de su influencia para el nombramiento de su hijo en la otra Cámara”, resaltó.
Cabe recordar que Ovelar trató de justificar la contratación de su hijo en la Cámara Baja, aludiendo a su formación en un colegio top.
Cuando fue abordado por la prensa, Alejandro precisó que era el encargado de hacer las fotocopias en la oficina.
Tras la indignación que generó su caso y la defensa que hizo su padre, que tiene a toda la parentela en buenos puestos en el Estado, Alejandro se vio obligado a renunciar al cargo.
