Senadores de la oposición endurecieron sus críticas tras el dictamen del examen de correspondencia de bienes realizado por la Contraloría General de la República al presidente Santiago Peña.
La senadora Esperanza Martínez y el senador Rubén Velázquez cuestionaron tanto el trabajo técnico de la Contraloría como la postura del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a quien acusaron de intentar cerrar el caso sin una investigación profunda sobre el origen y la trazabilidad del patrimonio del mandatario. Dejaron entrever que el contralor apuntaría a su reelección.
Martínez sostuvo que el informe de la Contraloría “en ningún momento puede constituirse en el argumento para que se cierre la investigación fiscal y penal” relacionada con el patrimonio del jefe de Estado.
En ese sentido, apuntó directamente contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, al afirmar que pretende utilizar el informe para desentenderse del caso.
“El fiscal general del Estado quiere hoy tomar este informe para lavarse las manos y decir que no hay diferencias en los papeles, en los análisis de la Contraloría, que revisó y no encontró nada; por lo tanto, el caso está cerrado”, manifestó la legisladora.
Martínez remarcó que el Ministerio Público tiene la obligación de profundizar las investigaciones y verificar la “trazabilidad de los ingresos y gastos” del presidente.
Por su parte, el senador Rubén Velázquez cuestionó duramente el trabajo técnico y legal realizado por la Contraloría General de la República. Aseguró que el estudio presenta “varias falencias institucionales, técnicas y legales”, y sostuvo que el crecimiento patrimonial del mandatario resulta “sumamente notorio”.
“También tengamos en cuenta que seguramente que en septiembre se va a querer volver a presentar y va a volver a querer estar en la terna para la Contraloría”, afirmó sobre Benítez.
El senador sostuvo que la principal observación radica en la velocidad del crecimiento patrimonial del mandatario durante el periodo en que se desempeñó en el sector privado.
Según indicó, el presidente seguía siendo una “persona políticamente expuesta” tras dejar el Ministerio de Hacienda, por lo que la Contraloría debió profundizar el análisis sobre cuentas bancarias, bienes y el origen de su fortuna.
“La Contraloría no realizó un adecuado estudio patrimonial que detalle expresamente el origen de la fortuna del presidente Santiago Peña”, afirmó.
Otro de los puntos señalados por Velázquez fue la modificación de la declaración jurada del mandatario durante el propio proceso de examen de correspondencia de bienes. El legislador calificó el hecho como “sumamente grave” y sostuvo que alteró el sentido de la auditoría.
“De alguna forma encamina justamente a lo que fue el resultado final, fue el blanqueamiento al presidente de la República”, expresó.
Asimismo, acusó al contralor general, Camilo Benítez, de actuar con “flexibilidad institucional” y de no ejercer sus funciones con independencia obstaculizando la persecución penal.
