Ninguna persona puede convertirse en autoridad y perseguir al que cometió un delito, arrestarlo y castigarlo físicamente. Sobre este punto, la Constitución Nacional es bastante clara. En su artículo 15, “De la prohibición de hacerse justicia por sí mismo”: “Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia. Pero se garantiza la legítima defensa”. Y es que solo el sistema Judicial o la autoridad policial pueden intervenir en una situación de conflicto, o utilizar la fuerza.
Asimismo, respecto al uso de la fuerza, la misma también tiene restricciones, esto es, que la persona solamente puede defenderse o defender a un tercero. Según el Código Penal, en su artículo 19 sobre la legítima defensa, señala que “no obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno”.
Los límites están claramente establecidos para los ciudadanos, las acciones que emprendan no pueden ir más allá de defenderse, ellos no pueden convertirse en autoridades y perseguir a quien comete un delito, arrestarlo y castigarlo físicamente porque, de hecho, y esto también es sumamente importante: ningún tipo de castigo físico le está permitido a autoridad alguna.
Vivimos tiempos de gran inseguridad. Son entendibles por eso el miedo, la frustración y el hartazgo ciudadanos. A diario los medios informamos sobre violentos asaltos a viviendas, en la vía pública, con armas para robar carteras y celulares; y se reportan denuncias de asaltos en el transporte público y en las paradas de ómnibus. La delincuencia no tienen límites, se asalta a familias sentadas en la vereda que comparten un tereré, como se toma de rehenes a familias dentro de sus viviendas, y actividades tan cotidianas como caminar por el barrio se han vuelto peligrosas por el accionar de los motochorros.
Todo esto resulta en un ambiente muy nefasto. La gente está harta de tener que encerrarse en su propia casa para protegerse, y de vivir con temor. Por otro lado, hay una certeza de que toda esta situación está desbordada y las circunstancias apuntan a prácticamente la normalización de la inseguridad. Como corolario, se debe reconocer asimismo que en la ecuación incide la escasa credibilidad de que gozan las autoridades de seguridad.
Es por todo esto que actualmente están en el debate público los casos de justicia por mano propia. La capital, el área metropolitana, Central y en todo el país se viven a diario historias similares, y también tienen en común estas experiencias de inseguridad que provocan hartazgo, el cual conduce a la toma de malas y peligrosas decisiones. Es así que los vecinos, ante la falta de acción por parte de la Policía Nacional, han comenzado a considerar alternativas al problema que les afecta.
En Limpio, un presunto ladrón fue maniatado, y en Presidente Franco dos supuestos motochorros que asaltaron a un joven fueron detenidos por vecinos. Otro caso emblemático es el del joven que, cansado de ser víctima de robos protagonizados por un conocido en la ciudad de San Antonio como Derlis’i; y de la inacción de la Policía, hizo justicia por mano propia, detuvo al sospechoso y lo entregó a la Fiscalía. Ahora el “justiciero” tiene una denuncia en su contra, por secuestro y maltrato, después de que se difundiera un video en el que el supuesto malviviente le pide que deje de golpearlo.
La frágil situación que vivimos es otra evidencia más de la ausencia del estado de derecho y, aunque es entendible el hartazgo de la población, las autoridades deben emprender acciones y encontrar soluciones.
