El impacto que causó la pandemia en las finanzas públicas, con techos históricos de déficit fiscal y deuda para contener la crisis en lo sanitario y en lo económico, hará que el 2022 sea otro año de acotado margen de maniobrabilidad para el Tesoro Público.
La necesidad de sostener el crecimiento en Salud e ir retornando a la regla fiscal sin disminuir drásticamente la inversión en obras hicieron que el Ministerio de Hacienda no contemple dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) mayores aumentos en los gastos rígidos y menos aún en lo relacionado con las remuneraciones que percibe el plantel estatal.
Poco y nada importó esto a unas siete instituciones, que a contramano de los pedidos de austeridad reclamaron a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional más recursos para inflar el ya abultado gasto salarial público el año próximo. Se trata de la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, la Fiscalía, la Defensa Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
DETALLES. De acuerdo con las presentaciones hechas por esas entidades, los pedidos para aumentar el rubro de servicios personales llegan ya a los G. 325.201 millones (USD 46,5 millones aproximadamente) en apenas dos semanas desde el inicio de las audiencias informativas.
Las solicitudes van desde más fondos para la creación de cargos y las regularizaciones de puestos, hasta equiparaciones y reajustes salariales de entre el 4,5% y el 10%. Los que reclamaron mayores ampliaciones para inflar su gasto salarial son la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia, entes muy cuestionados por su ineficiencia y las constantes sospechas de corrupción (ver datos en la infografía).
EQUIVALENCIA. Si se tiene en cuenta que alcanzan USD 140 millones los pedidos generales de ampliación, que contemplan además otros rubros como inversiones, servicios no personales o compras varias, se concluye que el 33% de ese total corresponde a gastos salariales. El escenario es aún peor si se considera que, a excepción de la Defensa Pública, las solicitudes son para incrementos con Fuente 10; es decir, con recursos que provienen del cobro de impuestos.
Uno de los casos más llamativos fue el del Ministerio Público, que sobre un monto de G. 150.000 millones (alrededor de USD 21 millones), pidió unos G. 110.000 millones (USD 16 millones), que son para el grupo 100, de servicios personales. Esto incluye una suba de 10% en salario para todos los funcionarios que ganan menos de G. 10 millones.
El PGN 2022 enviado por el Ejecutivo contempla un monto de G. 92,1 billones, lo que treparía a los G. 96,3 billones si el Parlamento autoriza la ampliación del saldo rojo al 3% del PIB. En este último caso, el déficit presupuestario alcanzaría los G. 8,5 billones (USD 1.224 millones), sin siquiera contar los pedidos de ampliación.
Solicitudes preocupan a Hacienda
Días pasados, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ya había mostrado su preocupación por la cantidad de pedidos de ampliación para el Presupuesto General de la Nación 2022. Al respecto, el jefe del Equipo Económico Nacional fue categórico al afirmar que no podrán sostener aumentos en los gastos corrientes con Fuente 10.
Adicionalmente, remarcó que la estimación de los ingresos tributarios es optimista y razonable, pero más que eso difícilmente se pueda obtener. Rechazó los aumentos salariales e instó a los parlamentarios a priorizar los recursos para las áreas más sensibles como salud, educación, protección social e inversiones.