Una práctica caótica se viene realizando con frecuencia en los últimos años, cuando tras la presentación del Presupuesto General de la Nación (PGN), realizada por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso Nacional, las diversas reparticiones e instituciones del Estado, descontentas con el monto que se les ha asignado, optan por acercarse a los legisladores y pedirles que les incrementen determinados rubros, que en muchos casos les son concedidos por razones políticas, convirtiendo al Presupuesto en un abultado proyecto modificado que generalmente resulta difícil de ejecutar, pues inciden directamente en incrementar los cuadros de déficit.
Esta situación ha hecho que el anterior gobierno del presidente Horacio Cartes haya tenido que vetar el Presupuesto General del 2017, rechazando las modificaciones del Congreso y adoptando repetidamente el Presupuesto del 2016 para el año siguiente. También había vetado parcialmente el Presupuesto del 2018, medida que a su vez fue rechazada por el Congreso y derivó en un conflicto político-económico.
En esta ocasión, el ministro de Hacienda, Benigno López, en momentos de defender el PGN para el 2019 ante el Congreso, insistió en que el mismo no sea modificado y sea aprobado a libro cerrado, pues sostuvo que el proyecto del Ejecutivo se basó en una estimación de ingresos, considerando eventuales situaciones regionales difíciles que podrían afectar el nivel de las recaudaciones tributarias, y advirtió que las posibles modificaciones harían que el plan de gastos tenga un déficit fiscal superior al 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Esta postura del Ejecutivo coincide con la asumida públicamente por el sector del movimiento Honor Colorado, liderado por el anterior presidente Horacio Cartes. A través del ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial Santiago Peña, el movimiento de Cartes también alertó de que las ampliaciones pondrán en riesgo la economía y se mostró a favor de la aprobación del PGN a libro cerrado.
La dinámica del estudio del Presupuesto en el Congreso revelan sin embargo otra realidad. Según informes de la Bicameral y de Hacienda, los pedidos de ampliación por parte de 34 instituciones ya alcanzaron los G. 3,070 billones (USD 515,2 millones); entre ellas, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por G. 2,019 billones; la Universidad Nacional de Asunción (UNA), por G. 346.223 millones, y la Corte Suprema de Justicia, por G. 159.296 millones.
Estos planteamientos por separado revelan una falta de coordinación y de unidad, dejando mal parado al Gobierno. Habrá que esperar nuevamente un veto presidencial y más conflictos. La indisciplina política a nivel gubernamental ayuda poco a construir una política económica coordinada.
