A través de un comunicado divulgado en las diferentes plataformas sociales, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas negó que Édgar Soto Ortellado y Claudio Caballero sean funcionarios de la estatal.
La aclaración surge luego de que ambos hayan sido detenidos tras un allanamiento realizado este miércoles, encabezado por una comitiva fiscal-policial, en un estudio jurídico situado en la ciudad de Asunción.
De acuerdo con la investigación, Édgar Soto habría presionado al propietario de una firma dedicada al rubro de las capacitaciones a pagar una alta suma de dinero para seguir con los contratos que tenía con el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).
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El afectado, Óscar Leguizamón, habría accedido al pago inicial de G. 15 millones, pero posteriormente ese monto fue elevado a G. 100 millones, así que recurrió al Ministerio Público y se dio apertura a una investigación.
Por su parte, Claudio Caballero habría amenazado a Leguizamón con impulsar un sumario –que se lleva a cabo en la DNCP en contra del instituto del cual es propietario– con el fin de perjudicarlo.
Además, el denunciante manifestó haber sido extorsionado con respecto a una causa en su contra en San Lorenzo, diciéndole que conseguirían una prórroga para luego impulsar un fallo en su contra.
La Dirección de Contrataciones señaló igualmente que cuenta con los mecanismos de denuncias con protección de identidad para garantizar la transparencia en el ejercicio de las funciones de los empleados y otorgar confianza en el sistema de compras públicas.
