Unos 185.000 millones en recaudación de peajes no tienen sustento en informes de recaudación. La diferencia salta entre lo que el Ministerio de Hacienda informó sobre movimientos mensuales de ingresos en los puestos de Ypacarai y Nueva Londres y el extracto de la cuenta de fideicomiso de la APP Ruta PY02 en el Banco Nacional de Fomento (BNF)
En el comparativo entre importes percibidos, según Hacienda, de enero a diciembre de 2022, sumaba más de 103.000 millones, mientras lo que efectivamente se depositó fue de G. 288.000 millones en la cuenta habilitada en el BNF. Es decir, lo ingresado a la cuenta bancaria no se justifican en vehículos que efectivamente pasaron por el peaje.
Informe de auditorÍa. Según resalta la Contraloría General de la República (CGR) en su informe de la Auditoria Financiera tras cotejar los datos de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) del MOPC no existe correspondencia entre el detalle de depósitos en la cuenta de BNF que suman G. 288.808.519.769 contra los registros detallados del Ministerio de Hacienda como importes ingresados en los peajes que suman G. 103.171.993.000, con lo que se contabiliza a fines del informe financiero un saldo negativo de 185.636.526.769 guaraníes. El ente contralor resalta en este punto que el MOPC no tiene control o certeza sobre el movimiento real bancario de los ingresos de los peajes y brinda en tanto una información que no contiene datos reales y consistentes.
La CGR remitió a la ministra Claudia Centurión el dictamen de auditoria financiera del ejercicio fiscal de 2022, el 30 de agosto. En el extenso documento se refiere que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene una calificación adversa en su balance general y se enumeran varias consideraciones sobre mal manejo de pagos a proveedores, consignaciones de cuentas y datos sobre obras realizadas y en ejecución.
En tanto en el MOPC no se realizó aún investigación ni sanción alguna, y se desconocen responsables del control en cuanto a la cuenta de Fondo Fiduciario de la App de la Ruta PY02.
La Contraloría, habría remarcado la necesidad de una investigación, ante el descargo no concluyente del MOPC, con graves diferencias en los registros. Entre ellos la falta de unos G. 1.071 millones entre reportes de saldos de recaudación del 2017 de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el MOPC. Así como también el asiento tardío de todo el movimiento de peajes de 2017 a 2021, que asciende a G. 209.000 millones. En ambos casos no aportó documentación de sustento.
Sin sanciones. En el proceso de la Alianza Público Privada para la duplicación de la Ruta Py02 se observa así mismo una serie de omisiones con una llamativa falta de sanciones. Desde la firma del contrato en el 2017, entre el MOPC y el Consorcio Rutas del Este a cargo de la empresa española Sacyr y Ocho A ligada al senador Luis Pettengill, el documento tuvo unas 4 adendas que significaron un sobrecosto al Estado de más de US 40 millones. Además sufrió cambios sobre el tiempo de ejecución contra normativas del contrato resueltas a favor del consorcio.
Cambios sobre control de peajes a favor del consorcio
A la firma del contrato con el consorcio Rutas del Este, ligado al senador Luis Pettengill. se realizaron cambios en el contrato sobre el control del ingreso en concepto de peajes de Ypacarai y Nueva Londes.
En el primer pliego de bases y condiciones se establecía que la Sociedad de Objeto Específico (SOE) debía informar sobre la recaudación de los puestos de peaje en forma períodica en base a un sistema de control proveído por el contratista. Con una conseción de solo tres días permitdos de retraso. En tanto a la firma del contrato con Rutas del Este, este expone la obligación al consorcio de un informe mensual a través de planillas, obviando además otros mecanismos tecnológicos de control al principio establecidos.
185.000 millones es la diferencia entre lo que se ve en los estractos y el informe de Hacienda remitido por el MOPC
