El Partido Patria Querida (PPQ) se encuentra entre los pocos sectores que se oponen a que los ministros de la Corte Suprema de Justicia logren la inamovilidad.
En el 2021, rechazaron un proyecto que derogaba la normativa que pretendía impedir la inamovilidad, que fue iniciativa de un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La diputada Rocío Vallejo explicó que la bancada mantenía la postura en contra de la inamovilidad basada en el análisis del vicepresidente del PPQ, Mario Paz Castaing.
El abogado explica que la Constitución establece en el artículo 252 que los ministros pueden ser inamovibles después de la segunda confirmación de sus cargos, en dos periodos de cinco años.
Señala que la interpretación de que el 261 es el que habla en particular de la inamovilidad de los ministros es “caprichosa e interesada”.
Igualmente, los defensores de la inamovilidad señalan que en la práctica, la normativa era letra muerta.
SECRETISMO. Actualmente, se discute en el Senado un proyecto de ley sobre otro aspecto de la organización judicial.
Se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la Ley 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia” y deroga la Ley 7058/2023.
La norma propone el voto secreto de ministros de la Corte para elegir al presidente y a los vicepresidentes de la máxima instancia judicial, que en el 2023 se eliminó y se volvió nominal, a viva voz.
Además plantea la inamovilidad de los ministros en las circunscripciones judiciales, que actualmente tiene una duración de mandato de dos años como máximo.
Los abogados Esther Roa, Pedro Santa Cruz y otros presentaron notas, primero a la Cámara de Senadores y luego, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las que piden el rechazo del proyecto de ley.
“Hace dos semanas, el líder de bancada de Honor Colorado (senador Natalicio Chase) hizo visitas a miembros de la Corte Suprema de Justicia buscando sus apoyos sobre el proyecto. Yo creo que está decidido, es difícil que cambien de opinión”, adelantó Santa Cruz, quien fue senador por el Partido Democrático Progresista (PDP) y uno de los proyectistas de la ley del 2023.
