La onda de ciudadanos decididos a hacer justicia por mano propia, ante la falta de una mayor presencia y acción de la Policía y de la Justicia para contener la creciente situación de inseguridad ante los constantes asaltos y robos, se va extendiendo cada vez más.
Uno de los casos más trágicos es el ocurrido en la noche del domingo, en la ciudad de San Antonio, en donde el comerciante Félix Ferreira disparó con un arma de fuego y acabó asesinando a otro hombre, Juan Riveros, ante la versión de que el mismo había entrado a robar y había amenazado con una tijera de podar a la esposa de Ferreira. La declaración de una testigo presencial sostiene, sin embargo, que no hubo un intento de robo, sino una discusión entre los dos hombres, que luego acabó con una pelea y el tiroteo.
Más allá de cuál sea la verdadera versión de lo ocurrido y que llegue a ser confirmada con la investigación fiscal, lo grave es la tendencia cada vez mayor de los ciudadanos que, en forma individual o en grupos, deciden portar armas de fuego, enfrentar y perseguir a los supuestos delincuentes, ante la creciente inseguridad.
En este caso, luego de que la víctima de los disparos haya muerto desangrada tras haber sido trasladada a un centro asistencial, el dueño de la despensa acabó preso e imputado por homicidio doloso y por transgresión a la Ley de Armas, debido a que la pistola que utilizó no estaba registrada legalmente ni contaba con la correspondiente licencia de portación o tenencia de la misma.
A este caso se suman varios otros casos ocurridos en las últimas semanas, de grupos de vecinos que en localidades como Luque y Lambaré han organizado una especie de cacería humana para perseguir, detener y golpear a personas sorprendidas intentando cometer robos y asaltos. El caso más reciente, que se divulgó ayer a través de las redes sociales en internet, es el de un video de personas que persiguen a dos jóvenes disparándoles con armas de fuego en la localidad de Presidente Franco.
Se han divulgado incluso experiencias de grupos de vecinos que se están organizando en forma más permanente para enfrentar y perseguir a los llamados motochorros o motoasaltantes y los casos más extremos son los asesinatos de presuntos delincuentes que han ocurrido en la zona de Pedro Juan Caballero, en la frontera con el Brasil, crímenes que se atribuyen a un grupo parapolicial autodenominado Justicieros de la Frontera.
Es necesario ponerle un alto a estas iniciativas de hacer justicia por mano propia que, además de ser claramente ilegales, acaban casi siempre en situaciones mucho más trágicas. Hay que insistir con un control más estricto sobre el uso de las armas de fuego y exigir a la Policía y a la Justicia que hagan su trabajo de brindar mejor seguridad a la ciudadanía.
