EFE. “Estamos más que convencidos de que eso va a estimular el consumo interno allá y por ende el tráfico de marihuana hacia allá”, afirmó Rojas, titular de la Secretaría Nacional Antidrogras (Senad) de Paraguay, país que es el segundo mayor productor del mundo, por detrás de México.
Según Rojas, los precios a los que se pretende vender la marihuana legal en Uruguay “son mucho más altos” que los de la droga paraguaya que ingresa de forma ilegal, la cual se comercializa “puesta en frontera” a unos 60 dólares el kilogramo y alcanza los 300 dólares una vez en el país.
“Va a haber más marihuana paraguaya en Uruguay y a menor costo”, sentenció.
La Senad calcula que en Paraguay existen aproximadamente entre 5.000 y 8.000 hectáreas de plantaciones ilegales de marihuana, que arrojan una producción de unos 6.000 kilos por hectárea, es decir entre 30.000 y 48.000 toneladas de esa droga al año.
La corrupción a “todos los niveles, el inexistente control fronterizo y del espacio aéreo”, así como el “poco control fluvial” favorecen la proliferación del narcotráfico en el país, según el secretario de la institución, que ha decomisado unas 400 toneladas de marihuana este año.
“Tenemos marihuana porque es rentable y hay un mercado seguro y porque el esquema de corrupción permite a bajo costo que el negocio subsista”, añadió Rojas.
El director de la secretaría antidrogas de Paraguay, un exagente especial de 42 años, se manifestó contrario a la legalización de la marihuana en su país, siguiendo el ejemplo de Uruguay, porque a su juicio sería “especular con la salud pública”.
Rojas recordó su intención de activar un centro de investigación científica del cannabis en el país en 2014 para investigar con rigor científico las teorías y reforzar la política en contra de la droga o “revaluar” la posición actual.
El Senado uruguayo ratificó el pasado 11 de diciembre un proyecto de ley aprobado en julio por la Cámara de Diputados que regulariza la producción y venta de marihuana en el país, donde su consumo ya era legal desde hacía cuatro décadas.
La nueva norma, que todavía no ha sido promulgada, dispone la creación de un ente estatal regulador encargado de otorgar licencias a los consumidores y controlar la producción y distribución de la droga, que se hará efectiva en clubes o farmacias.
Rojas explicó en la entrevista que inicialmente el tráfico de marihuana desde Paraguay estaba dominado por brasileños, con colaboración de grupos paraguayos que les proveían servicios de transporte, protección, logística, etc.
Sin embargo, ahora los grupos paraguayos “se hicieron dueños del negocio”, y tras adquirir poder económico y financiero “tomaron el control del poder político en zonas de frontera”.
Rojas aseveró que el 80 por ciento de la marihuana producida en Paraguay se traslada a Brasil, donde es comprada por organizaciones criminales como el Comando Vermelho de Río de Janeiro o el Primer Comando da Cidade (PCC), que extiende su influencia a todo el país desde el Estado de São Paulo.
“El PCC y el Comando Vermelho son clientes, compran de los financistas, de los grandes patrones paraguayos”, espetó.
El secretario antidrogas reconoció que “la represión como política aislada está destinada al fracaso, porque se crea desabastecimiento y se eleva el precio, lo que estimula más la producción”.
Rojas dijo que la estrategia debe incluir ofrecer una alternativa de sustento legal a los campesinos que se dedican a la producción de la droga en las zonas dominadas por el narcotráfico.
