Esta acción se da a casi dos años de la muerte de 11 campesinos y 6 policías que posteriormente desembocó en la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia de la República.
La decisión de ayer fue dada a conocer por el titular del ente agrario, Justo Cárdenas, en presencia de representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.
El martes, familiares y víctimas de la masacre de Marina Cué se reunieron con Cárdenas para solicitar que la institución reivindique en forma pública esas tierras como fiscales.
El Indert siempre ha reconocido esas tierras como suyas, pero nunca lo había hecho mediante un comunicado.
El ente agrario reivindica sus derechos en cada una de sus presentaciones judiciales y afirma “categóricamente” que las tierras pertenecen al Estado paraguayo.
“Esta afirmación se encuentra fundamentada en el Decreto Nº 29394 del 9 de octubre de 1967, por el cual se aceptaba la donación a favor del Estado paraguayo de 2.000 hectáreas de tierras ofrecidas por La Industrial Paraguaya SA, así como también por el Decreto Nº 3532, de fecha 4 de octubre de 2004, que declaraba al inmueble de interés social y disponía su transferencia en forma gratuita a favor del Indert”, dice el comunicado que ayer firmó Cárdenas.
CASO EN LA JUSTICIA. En cuanto al proceso en los tribunales, el Indert mencionó en el texto que la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del ente agrario, mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 234 de fecha 23 de abril de este año, otorgándole el derecho de seguir litigando en esta causa.
“Nuestros representantes legales continuarán sus esfuerzos en defensa de los derechos del Estado paraguayo sobre las 2.000 hectáreas. No obstante a ello, el Indert busca afanosamente una solución integral a la problemática de Marina Cué, que debe abordar indefectiblemente tres aspectos fundamentales”, sostiene el documento.
En este caso se refiere a la propiedad del inmueble a favor del Estado, la cuestión social de los pobladores de la zona y las acciones judiciales que pesan sobre los compatriotas afectados en el caso Curuguaty.
“Por de pronto, el único ámbito responsable de dirimir estas diferencias es el Poder Judicial”, añadió.
El instituto alega que una solución consensuada podría proporcionar resultados “más auspiciosos y expeditivos” y es por ese motivo que siguen manteniendo sucesivas reuniones con todas las partes.
Cárdenas manifestó en la conferencia de prensa que el documento “no hace otra cosa que ratificar la posición que sostenemos en cada una de las acciones que estamos presentando, reivindicando los derechos del Estado paraguayo sobre la propiedad de Marina Cué. Con esto dejamos abierta la posibilidad de una gran mesa de diálogo”.
