El ex presidente de la República Mario Abdo Benítez deberá explicar qué pasó del dinero producto de las utilidades obtenidas por sus empresas Aldia SA y Createc SA, entre el 2018 y el 2023, periodo en el que estuvo al frente del Ejecutivo.
De acuerdo a las explicaciones dadas por Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, lo que “hizo ruido” a los expertos al realizar el análisis fue que las utilidades generadas hayan sido enviadas a reservas operativas.
Lea más:Contraloría halla “incongruencias” en declaración jurada de Mario Abdo
Agregó que se debe realizar una trazabilidad del dinero que no fue repartido entre los accionistas de las empresas y que se envió a un fondo de reinversión.
“Él (Abdo) no tenía la obligación de declarar ese dinero porque todavía no retiró esas utilidades que fueron remitidas a reservas, pero ¿qué pasa si en realidad en las cuentas no se encuentra ese dinero? Ahí sí ya constituiría otras irregularidades”, explicó el experto en comunicación con radio Monumental 1080.
Para poder aclarar la situación se necesita de investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).
“Necesitamos la confirmación del órgano tributario, si nos dice que está todo correcto, no pasa nada. Pero hoy esto no está aclarado”, agregó.
Le puede interesar: Mario Abdo imputado por “filtrar secretos” de Cartes
En el informe realizado por la Contraloría se determinó que en la cuenta de inversiones a largo plazo correspondiente al ejercicio del 2023 obtuvieron una ganancia por G. 39.117.950.000, lo que representa en términos porcentuales un aumento del 2799% con relación al año anterior.
El documento también señala que las citadas empresas resolvieron destinar G. 11.812.578.029, correspondiente al 52% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019, y G 5.127.056.586, correspondiente al 25% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2023, a un “fondo especial de inversiones” y no se distribuyeron entre los accionistas, lo que podría derivar en una inconsistencia en términos tributarios.
