“El objetivo del proyecto de ley Pan para todos es combatir de manera frontal el hambre en el Paraguay”, dijo el diputado colorado Raúl Latorre, el proyectista.
Mencionó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), uno de cada cuatro habitantes en Paraguay está en riesgo en cuanto a la seguridad alimentaria, es decir, se encuentra expuesto constantemente a pasar hambre.
“También tenemos que entender que en Paraguay hay un gran desperdicio de alimentos que si se recolectan pueden alimentar a 250.000 personas. El 40% de todo lo que se desperdicia es alimento viable, que puede ser donado”, detalló Latorre a Última Hora.
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Los diputados buscan que locales gastronómicos, supermercados y otros comercios den la comida o los productos alimenticios que les sobran de cada jornada, o que por alguna razón iban a desperdiciar, y estén en condiciones de ser consumidos.
“La esencia es que la alimentación, un derecho inherente del ser humano, ya no dependa de la buena voluntad, sino que articule un trabajo multisectorial desde el Estado”, alegó.
Destacó que tirar comida es también una pérdida importante para el rubro, y una posibilidad a la que están abiertos es a hacer una reducción impositiva a los locales sobre lo donado, o que la cantidad donada ya no forme parte de los activos. “Pero se tiene que debatir, porque lo que se busca es incentivar esta práctica”, estipuló.
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Dentro del planteamiento también figura la creación del Consejo Nacional de Alimentos, órgano que estará compuesto por representantes del sector empresarial, organizaciones sociales y gubernamentales, y se encargará de regular la aplicación de la ley si es aprobada.
“Hay que destacar que los que formen parte del Consejo trabajarán ad honorem, van a ir a servir a la patria, no a ganar plata”, advirtió el parlamentario.
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El artículo 17 del proyecto prohíbe de manera taxativa el desperdicio de alimentos. Si una vez que se aplica se descubre a algún restaurante, por ejemplo, tirando comida en buen estado a la basura, se le aplicará una multa, si es la primera vez, del 50% del valor de los alimentos desperdiciados.
La segunda vez la multa ya ascenderá al doble del valor y así sucesivamente. También contó que si la ley se aplica se dará un año de tiempo para que los establecimientos se adapten, plazo en que no habrá multas ni sanciones.
El tema será tratado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el próximo 31 de julio. El proyecto fue presentado por el cartista, pero destacó que cuenta con el apoyo de sus colegas de diferentes bancadas y partidos.
